MENSAJE A LA NACIÓN

DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ,

DOCTOR JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,

EL 29 DE FEBRERO DE 1948

Hablo a los ciudadanos del Perú y hablo también a cuantos en los países del  extranjero reciben versiones incompletas, parciales o malévolas sobre la  política peruana y necesitan, para formarse un juicio exacto, conocer la verdad  de lo que ocurre en nuestro pueblo. Frente a la inescrupulosa y ya  desembozada campaña de agitación pública y de difamación interna e  internacional iniciada desde hace algunos meses por el Partido Aprista contra el Gobierno y contra la persona del  Presidente de la República, dejaría de cumplir una obligación perentoria si autorizara con mi silencio esa culpable  desfiguración de la realidad y permitiera que tomase cuerpo el extravío de la  opinión local y continental acerca del problema político  que actualmente  confronta la nación.

Los órganos de propaganda del APRA no circunscriben su acción a la crítica  sana y a la defensa de los derechos de su partido, sino que adulteran la verdad  de los hechos, presentan magnificados ciertos problemas nacionales, estimulan  las bajas pasiones del descontento irreflexivo y el odio, incitan francamente a la  subversión y a la lucha cruenta, socavan el principio de autoridad y tienden a  crear un clima de confusión y de anarquía incompatible con la firmeza de las  instituciones.  Líderes y periódicos del Partido, en discursos y artículos,  anuncian en el país y en el extranjero la decisión de hacer correr ríos de sangre  para atajar una tiranía que no existe ni existirá; hablan de la traición del jefe de  Gobierno a los principios democráticos triunfantes en las elecciones de junio  del 45 y expresan que se forja en el Perú un régimen de dictadura y funciona  un Estado-policía que vulnera las libertades ciudadanas. Semejante campaña  mantiene en el país un estado permanente de desconcierto y de zozobra,  siembra la desconfianza dentro y fuera de la República, restringe la inversión  de los capitales agravando los complejas dificultades económicas que, al igual  que a todos los países del mundo, nos asedian en esta hora de crisis, distrae la  atención del Gobierno casi exclusivamente hacia el problema político, inhabilitándolo para encarar con la dedicación y eficacia necesarias otras cuestiones de sustancial urgencia y entraña el ya visible designio de dar en tierra con el Poder constituido.

Mi deber de mandatario y de hombre  que jamás se ha encariñado con los  halagos del poder pero que tiene claro concepto de las obligaciones y  responsabilidades que le son anexas, me obliga a hacer cuanto esté a mi  alcance para rectificar esta tremenda tergiversación y para contener, con la  verdad en la mano, esta cruzada interesada, disolvente e injusta.  Estimo,  pues, indispensable ya una exposición pública que aclare la posición  gubernativa y explique como en las actitudes del Poder Ejecutivo no ha habido  ni hay otra cosa que el deseo de mantener la línea política que anuncié al país desde el momento en que fui solicitado para presidir sus destinos.

En documento público de marzo de 1945,  contraje un compromiso con el pueblo peruano: el de ejercer la más  elevada magistratura de la nación ateniéndome a las bases que allí propuse.  Definí mi Gobierno como un periodo  de transición en que los partidos deberían moderar sus aspiraciones extremas para llegar a sagaces transacciones que encaminaran a la nación por la senda democrática con el concurso de todos los grupos; como una era en que no deberían existir exclusiones injustas para nadie; como un proceso de graduales pero firmes realizaciones de justicia social; como una expresión del esfuerzo  colectivo por el fortalecimiento de nuestra economía y de nuestra personalidad  internacional.

Con toda precisión expuse en aquella oportunidad que en caso de prosperar mi  candidatura necesitaba yo algo más que un momentáneo apoyo inicial; que  requería la seguridad de que durante mi mandato las fuerzas electoras me  prestarían los medios para desenvolver el programa y cimentar la obra que yo había esbozado.

Y así como fue inequívoco el planteamiento de mis puntos de vista fue también terminante el sometimiento a los mismos por parte de los integrantes del Frente  Democrático Nacional, entre los que se encontraba el Partido Aprista. No hubo, de este modo, un acto unilateral de mi parte ante la nación. Surgió la obligación  recíproca de los partidos y agrupaciones políticas que me llevaron al poder, de atenerse a los principios de mi plataforma electoral.

Producidas las elecciones y ante la conducta ejemplar del candidato opositor y  la serena actitud del Presidente cesante y sus partidarios, todo hacía pensar que mis propósitos podrían llevarse a cabo sin tropiezo alguno, para bien y salud de la patria.

Desgraciadamente, no ha sido así.  Consecuente con mis enunciados, ofrecí al Partido Aprista dos asientos en mi primer Gabinete, los que no fueron aceptados por estimar más adecuado a su  posición el papel de observador de la marcha del nuevo régimen. Desde los  primeros tiempos pudo advertirse en el Congreso y en la Administración, una discrepancia ostensible entre las tendencias políticas del APRA y las ideas de mi programa. Apelo para demostrarlo a los datos que nuestra reciente historia ha recogido, tanto en la vida parlamentaria como en las actitudes del Partido para con el Gobierno.  Se hizo notoria en las Cámaras la intolerancia de su lado contra los miembros del otro. Barras disciplinadas bajo consigna previa cohibieron la libertad de opinión y de actitud de las minorías. Leyes inspiradas en un criterio cerradamente partidarista o personal y en una tendencia económica más que evolutiva, revolucionaria, llevaron al Parlamento un ambiente inquietante de unilateralismo y premura.  Se puso de manifiesto una marcada tendencia aprista a cercenar los poderes del Ejecutivo, y a privarlo de funciones esenciales como la del veto, pese a que su forma de veto relativo o simple derecho de observaciones no tenía más efecto que garantizar la mayor meditación de las leyes sin afectar las prerrogativas decisorias del Parlamento.

Fue puesto de lado el derecho constitucional del Gobierno de proponer al Congreso los ascensos para las altas clases militares, otorgándose varios de éstos a iniciativa del APRA, por acto propio del Congreso,  con omisión de la propuesta gubernamental. Se censuró ministros que apenas habían tenido tiempo de hacerse cargo de sus carteras. El Presupuesto sufrió recortes y adiciones inusitados; y hubo excesos en  las atribuciones y fines de las comisiones parlamentarias de investigación.

Simultáneamente, la ciudad fue escenario de manifestaciones inequívocas del afán de imponer en la calle la hegemonía del Partido a base de intimidación o de intolerancia exclusivista.

No alcanzó resultado mi propósito de  aliviar estas tensiones mediante la incorporación a mi segundo Gabinete de  tres ministros del APRA, en la esperanza de que su contacto con los problemas del Gobierno y la visión directa de las dificultades del mando morigeraría las vehemencias del Partido y haría factible una útil colaboración.

Desde entonces acá, el fenómeno se ha ido extendiendo y agudizando. En la Administración, se multiplicó el ingreso de funcionarios y empleados de filiación aprista que llevaron a las oficinas públicas la militancia política y que cumplían dentro de ellas las órdenes del Partido. Antiguos empleados públicos fueron amenazados de expulsión si  no se inscribían en los  registros partidarios. El trámite de los asuntos administrativos llegó a ser confiado en algunos ministerios al dictamen y resolución  de los burós apristas, que incluso funcionaron en los locales ministeriales, con prescindencia y desmedro de los directores y altos funcionarios. Hombres claves del Partido fueron colocados al frente de importantes reparticiones.  Se organizaba así una especie de Poder clandestino dentro del Poder Administrativo. Se prodigó el uso de vehículos de ciertos ministerios en comisiones políticas dentro y fuera de Lima. El favor político comenzó a dispensarse en forma de facilidades y objetables privilegios; y paralelamente funcionaba el “boicot” contra quienes, dentro o fuera, no participaban del criterio del grupo. En las elecciones complementarias se comprobaron casos de funcionarios que asumieron directa intervención en los comicios, ya facilitando vehículos oficiales para la movilización de votantes, ya adoptando actitudes reñidas con la imparcialidad a que  los obligaba la naturaleza de sus cargos. Las células  funcionaban en el ramo de Correos y Telégrafos, y utilizaron clandestinamente los servicios de comunicaciones para fines políticos. El Partido propició por la primera vez en varias dependencias administrativas y fiscalizadas la formación de sindicatos subversivos y los intentos de huelgas de empleados públicos.  Los afiliados acuotaban y acuotan todavía un porcentaje de sus sueldos de empleados públicos para los gastos del Partido. En la administración  departamental y provincial, autoridades políticas apristas, con evidente deslealtad para con el Gobierno a quien representaban, actuaron en la función pública como personeros de su Partido y no como guardianas del interés general.  Los estanquillos de abastecimientos constituyeron un privilegio poco menos que exclusivo de los afiliados al APRA, quienes disfrutaron ampliamente del  crédito del Estado. Los restaurantes populares facilitaron también al crédito, con la ayuda de empleados inescrupulosos, servicios de orden político. Y otras irregularidades análogas pudieron advertirse en distintos ramos de la Administración.

Simultáneamente se acentuaron en otros aspectos de la vida del país alarmantes indicios del empeño hegemónico del Partido. Las escuelas y colegios se convirtieron en centros  de nocivas actividades políticas, con células, centros federados y comités de propaganda y disciplina apristas, que llevaban a las aulas la organización del Partido, distraían a los educandos de sus estudios, fomentaban divisiones entre ellos y envenenaban sus almas con prematuras inquietudes y prejuicios odiosos. Se atraía a los estudiantes a las manifestaciones callejeras; y se  convocaba por periódico a reuniones sectoriales extraescolares de las organizaciones juveniles. Disturbios de raíz política inquietaron varios planteles del país.

Muchos maestros apristas, por su parte, cayeron también en esta inexplicable desviación de su noble cometido, actuando cada vez con menos embozo en menesteres políticos, tomando parte en  faenas electorales, arrastrando en ocasiones a sus alumnos a manifestaciones públicas reservadas por su naturaleza a los ciudadanos en ejercicio e imponiendo su tendencia partidarista en las asociaciones magisteriales.

El Partido tomó posiciones en las directivas de los sindicatos obreros, llevando hasta ellos la lucha política y apartándolos de su genuina finalidad de defensores de los intereses gremiales.

Se fomentó, asimismo, en algunos lugares de la sierra, la agitación indígena con caracteres sediciosos.

Muchas Juntas Transitorias Municipales, políticamente conformadas desde 1945 con elementos de mayoría aprista, por obra de circunstancias del momento de todos conocidas, hicieron política unilateral y extremosa, descuidando no pocas de ellas la necesidades locales y dando a los fondos comunales dudosas inversiones que en la  actualidad son objeto de amplia investigación.

No paró en esto la labor de penetración del Partido en los diversos sectores sociales. También los Institutos Armados fueron un objetivo de sus intentos de captación; y se buscó la forma de atraerlos con leyes demagógicas y propaganda tendiente a mellar su disciplina.

Toda esta acción ha sido dirigida desde el Comité Central del Partido dentro de un régimen de rígida organización vertical en que unos pocos hombres imponen implacablemente sus directivas a  la masa de afiliados, los cuales carecen de poder deliberante y cuya obediencia se exige a base de severos controles internos y de sanciones disciplinarias que eliminan el ejercicio de la personalidad individual y el derecho de libre determinación.

Nadie podrá explicarse jamás racionalmente para qué se ha hecho todo esto, cuando por medios sensatos y pacíficos un Partido organizado, en el que mucha gente puso de buena fe sus esperanzas, podía con el consentimiento de todo el país y con el  aplauso general, hacer una  labor de provecho y de adelanto para la nación.

El análisis sereno de este cuadro lleva a dos conclusiones:

1ª Que no soy yo quien se ha apartado de la línea democrática y de prudente convivencia que tracé a la ciudadanía al asumir mi candidatura, sino que es el Partido Aprista quien ha violado esa línea pretendiendo someter el país a su férula unilateral y exclusiva.

2° Que nos hallamos en el Perú frente a un propósito no disimulado de implantación de un Partido Único de organización vertical que, pese a su propaganda local y en el exterior, dista mucho en sus procedimientos de ser verdaderamente democrático, pues tiene en su constitución interna todas las características de una dictadura y en su acción política sobre el país aspira a  una dominación integral de fuerza, basada en la disciplina de la obediencia y en la consigna. No es ésta una afirmación aventurada o injusta. Ella está comprobada con el texto de los Estatutos del Partido; y con la organización varias veces publicada de sus comandos, células, burós, comités de defensa y sectorales y brigadas de choque.

Si se pensó que llegado al poder podría yo convertirme en instrumento ciego de una determinada tendencia, hubo imperdonable error, puesto que sin lugar a dudas anuncié anteladamente que si el país me confiriese la Presidencia de la República procuraría ceñirme en el ejercicio de la  función a la norma de no aceptar consigna política ni compromiso que constriñesen la libertad de mi criterio o de mi conciencia o que pudieran resultar incompatibles con el interés general del Estado.

 ha pretendido que debería gobernar con uno u otro partido, pero se olvida que, como ya lo han dicho grandes profesores de Derecho Constitucional, es para el pueblo y con el pueblo que se debe gobernar, que la opinión pública es el alma y la conciencia de la nación, que el pueblo es una realidad, una fuerza, un movimiento, que no se deja encerrar ni limitar en los moldes de un partido, porque está por detrás y por encima de él; y que, en fin, no me corresponde la sumisión unilateral sino la obra para todos. Soy Presidente del Perú y no para un partido o para un grupo.

Frente a esta realidad, adquirí la  convicción de que mi Gobierno debía restablecer el verdadero significado del régimen iniciado en 1945 y moderar las extralimitaciones en que el Partido Aprista estaba incurriendo, así como la reacción que su actitud provocaba en otros sectores políticos. En repetidos mensajes dirigidos al país he llamado a las gentes a la cordura, sin escatimar esfuerzo por abrir sagazmente oportunidades a una saludable rectificación, aun a riesgo de dar margen a la tacha de pusilanimidad, varias veces esgrimida en mi contra. Los dos últimos gabinetes que tan esforzadamente me han secundado, han significado una advertencia serena pero firme, de que el Gobierno estaba decidido a afirmar el respeto de la autoridad, el mantenimiento del orden y la convivencia sin temor. Nunca sabrá el país cuánto desvelo, cuánto vigor y cuánta prudencia y buena fe han puesto todos y cada uno de sus miembros para alcanzar estos objetivos. Desgraciadamente, la orientación política del APRA se ha hecho de más  en más agresiva y peligrosa. En la última época, ha acentuado sus ataques contra el Gobierno en lo económico, en lo social y en lo político, con evidente apasionamiento y ya con el claro designio de desquiciarlo. Su prensa ha adoptado una posición intolerablemente subversiva, que va mucho más allá de los límites de la legítima libertad de imprenta, envenenando el alma del pueblo a propósito de nuestros problemas alimenticios  ─que no son, por cierto, sólo peruanos, sino mundiales─, sembrando rencores, incitando irresponsablemente a la asonada, amenazando con actos de sangre, manchando reputaciones y tratando por artes vedadas de restar autoridad moral a los hombres que tienen en sus manos la conducción del país. A propósito del crimen Graña, en cuya investigación el Ejecutivo no ha tenido otra mira que la de actuar firme pero austeramente para descubrir a los culpables y entregarlos a la sanción del Poder Judicial, el Partido ha hecho blanco a la Policía y al Ministerio del ramo de injustas y malévolas imputaciones; cuando la ética le señalaba una posición de apartamiento del proceso, a fin de que los jueces pudieran apreciar con absoluta libertad de espíritu los cargos resultantes contra los afiliados apristas comprendidos en el enjuiciamiento. Una huelga política y artificiosa, que debía culminar en un paro general de carácter subversivo con ramificaciones en diversos lugares de la República, puso en el caso al Gobierno de dictar un  decreto de suspensión de garantías. Frustrado así el intento, sobrevino más tarde la huelga estudiantil de Guadalupe, también movida por las células de la Juventud Aprista; y en esa nueva oportunidad la desgraciada muerte de un estudiante fue explotada en forma innoble contra el Ejecutivo, que era el primero en lamentar ese suceso, a fin de echarle encima la aversión del  alumnado. Las estaciones de radio del Partido multiplican sus ataques, en  tono ya francamente irrespetuoso y subversivo.  La conspiración, hasta hace poco cauta e informe, va cobrando caracteres concretos y graves. Los cuarteles fueron en meses atrás campo de torvas maquinaciones.  Volantes incendiarios, de probado origen aprista, circulaban entre las clases y la tropa  incitando a la rebelión y haciendo al soldado falaces promesas.  Agitadores  sociales actúan en la capital y se movilizan desde Lima a diversos centros de trabajo de la República para soliviantar a la clase obrera; y en discursos demagógicos incitan a colgar a los “reaccionarios” de los postes del alumbrado. El símbolo de la horca es paseado en las calles. Utilizando el pretexto de la actual crisis de subsistencias, corifeos locales de filiación aprista han movido en Cerro de Pasco los instintos primitivos de la masa del pueblo, que de suyo no es mala pero si influenciable, y acaban de producir en la persona del  representante de la autoridad un atentado vergonzoso y gravísimo, cuya monstruosidad no podría ser jamás justificada por ningún alegato. Este luctuoso acontecimiento y los preparativos de otras actividades de fuerza que la incitación aprista comienza a desarrollar en diversos lugares de la República y  de las cuales están suficientemente enteradas las autoridades, revelan que lo que en realidad trata de ponerse en práctica es un plan general de provocación al Gobierno, para determinar en éste represiones drásticas que pueden más tarde dar apariencia de justificación a reacciones populares violentas y al sambenito de tiránico con que se pretende desprestigiar a este régimen. El juego es burdo, pero también muy grave y peligroso; y debo por eso denunciarlo. Es preciso que quede muy claramente sentado que mientras la conducta de la ciudadanía se ciña a las normas de la ley y del respecto al orden, nada tendrá que temer de la acción gubernativa; pero que ésta perseguirá severamente toda incitación malsana al desorden o al delito y toda actitud que secunde esa política funesta.

Como natural corolario de la campaña que llevo descrita, el temor se apodera del ánimo de las gentes, la entereza moral flaquea, el libre  ejercicio de la función pública se siente coactado, la indisciplina social se acentúa, el trabajo acusa menores rendimientos, y se pone  en peligro la permanencia de las instituciones.  La gran masa de nuestro pueblo, que es sencillo, pacífico y sinceramente democrático, siente ya el cansancio de esta vida de permanente agitación, amenaza y angustia que lleva desde hace cerca de tres años, repudia la psicología y los métodos  del aprismo y se  pregunta cuándo va a normalizarse el país dentro de su cauce natural de convivencia armónica y de respeto a las libertades.  Hay, incluso, muchos militantes del APRA que íntima y honradamente discrepan de la orientación de su Partido y sienten recortada su personalidad por las normas de férrea disciplina y de sometimiento a consigna que en él imperan; pero que no se atreven a enunciar su opinión por temor a las sanciones de los comités disciplinarios.

El Estado haría mal en mostrarse indiferente ante estos ya palpables síntomas de descomposición social. Está en el deber de velar por el mantenimiento de la autoridad, las garantías y el orden. Un Gobierno legítimamente constituido no puede ni debe abandonarse a la inacción cuando ve y sabe que en una o en otra forma, por la propaganda o por la conspiración, se trabaja en un vasto plan de subversión política y social. Como depositario del mandato del pueblo, que es toda la ciudadanía y no un partido solamente, le está vedado permitir la burla de ese mandato por un acto irresponsable de detentación del poder. Por la senda en que ha entrado nuestra política, se llega a la revolución; y la revolución, aparte de los daños intrínsecos que hoy causaría al Perú y del desprestigio que acarrea en el exterior, significa un atraso de veinte años en la marcha progresiva del país.  Forzoso  es prevenir semejante mal antes que remediarlo a posteriori. Mi Gabinete saliente ha llenado a conciencia su misión de representar un nuevo esfuerzo del Gobierno por mover a la cordura a los extraviados, sin perjuicio de llamarlos severamente al orden. No ha habido nunca en los ministros dimisionarios la menor debilidad ni regateos de firmeza; y sus decisiones de orden político  han sido adoptadas con uniformidad de criterio y solidaridad en la acción. Esa fase está concluida y las circunstancias señalan la necesidad de configurar una nueva. He constituido para ello un Gabinete militar, cuyo significado deseo exponer nítidamente, por lo mismo que la propaganda  del APRA en el extranjero, desde el advenimiento del último Ministerio mixto, viene señalando la presencia en el Gobierno de miembros de los Institutos Armados como signo de una incipiente dictadura. La verdad es muy otra. Frente a la grave situación general que he descrito, en  un país sin partidos tradicionales múltiples que canalicen la opinión de la ciudadanía y dentro de mi condición de hombre que no pertenece a ningún partido y que se ha marcado una línea de Gobierno para todos, mal podría instalar en este momento un Gabinete civil con hombres de algún otro grupo político antagonista del APRA, porque ello mermaría mi libertad de acción y mi amplitud de propósitos, y porque, atenta la beligerancia política existente, la formación de  un Gabinete de grupo representaría una bandera de nueva luchas y discordias, cuando lo que reclama el país es el sofrenamiento de las pasiones y la imposición del buen sentido. Dadas las características de esta hora, requiérese un Gobierno cuyos hombres estén al margen y por encima del turbión político, cuyas tradiciones del honor eliminen la amenaza de toda represión menguada e injusta, cuya escuela de energía asegure la imposición del orden público y cuyo deber institucional les haga ver en la defensa de la permanencia y grandeza de la patria la norma suprema de sus acciones. Todos estos atributos corresponden precisamente a las Fuerzas Armadas, y en este sentido, pienso que nuestro país puede legítimamente enorgullecerse en la presente oportunidad de la forma como vienen al Gobierno los elementos representativos de esas Fuerzas. Vienen, no por torcidos caminos, sino a requerimiento del jefe del Estado para compartir con él una de las responsabilidades típicas de su instituto: la tutela de las garantías sociales, del respeto al principio de autoridad y  de las instituciones esenciales del Estado, vale decir, la preservación y  defensa de la democracia en el Perú.

Nada más ajeno, por consiguiente, al espíritu del Gabinete iniciado ayer que un propósito de dictadura totalitaria. Su misión es más bien restablecer, con la entereza que las circunstancia demanden, las condiciones de convivencia libre, pero honesta y respetuosa, de la persona y la opinión ajenas que caracterizan al régimen democrático. Es un error identificar la acción militar con la fuerza bruta y deducir de allí que un Gobierno en que intervienen militares será un Gobierno de drasticismo y de violencia. El Ejército es una fuerza racionalizada y consciente, que no procede bajo el acicate de impulsos primitivos o ciegos, sino por el contrario, bajo la influencia de la meditación  y del planeamiento sereno. Nadie ha tildado de antidemócrata al Gobierno de los Estados Unidos por la designación del general Marshall  para la Secretaría de Estado; y el general Mac Arthur realiza con unánime aplauso la democratización del Japón.

Precisa no confundir la fuerza bruta con la firmeza. Firmes son, eso sí, los Institutos Armados para cortar el abuso, castigar el crimen y prevenir la anarquía; y, en este sentido, depende exclusivamente de los instigadores políticos no insistir en actitudes desorbitadas que demanden una inflexible y justa represión. Nada de esto va a en contra de la democracia, vocablo del cual viene abusándose a menudo para engañar incautos.  La verdadera democracia no está en las formas o en los trajes,  sino en el espíritu; y al espíritu democrático le son connaturales la obediencia a la ley, la igualdad de oportunidades, la libertad limitada por el respeto a los demás, la ausencia de coacción, el acatamiento de la autoridad y la proscripción del desorden.

Otro importante significado tiene la instauración del nuevo Gabinete. El Ejército es, por su índole misma, una institución nacionalista, como nacionalistas y peruanas fueron las bases en que apoyé mi plataforma electoral. Nada más extraño, pues, a la historia y a la realidad de los  Institutos Armados que cualquier contubernio con tendencias internacionalizantes en cuyo solo enunciado se contiene una negación de la patria. Mal podrá, pues, prosperar la calumniosa imputación que últimamente se ha hecho a mi Gobierno de albergar inconfesables simpatías hacia el comunismo internacional. En más de una ocasión he declarado ya enfáticamente que el Ejecutivo está alerta contra esta clase de infiltraciones foráneas que, según frase reciente de un destacado publicista, atentan contra la personalidad del Estado y mellan su soberanía. Lo que ocurre es, sencillamente, que nos  hallamos en presencia de un nuevo recurso político del APRA para, a base de su campaña anticomunista, ganarse la simpatía continental y difundir recelos contra el Gobierno cuya subsistencia estorba sus planes. Por fortuna, la sensatez de los países extranjeros habrá de permitirles, mediante sus propios medios, formarse un concepto exacto de la verdad.

Se ha pretendido sacar partido, para divulgar aquella falsa especie, de la actitud del Gobierno al impedir que se  constituya en Lima la sede de la Confederación Interamericana de Trabajadores surgida del Congreso Obrero celebrado hace poco en esta capital con fines anticomunistas. La medida dictada por el Gobierno no obedeció a razones  de ideología, sino de decoro y de tranquilidad nacionales.  La reunión de ese Congreso, que en principio no habría merecido reparo alguno de nuestra parte, fue vista con desconfianza en cuanto a la designación del lugar de su realización, porque, pese a enfáticas declaraciones sobre su carácter apolítico, conocía el Gobierno que, empeñado el Partido Aprista en su organización directiva, habría de utilizar la circunstancia para explotarla políticamente a favor de  sus fines. La presunción no resultó infundada, y líderes extranjeros vinculados al APRA  se permitieron inferir al Gobierno del país de que eran huéspedes groseros agravios en sus discursos.

Y así como la designación de Lima como punto de reunión del Congreso no fue siquiera comunicada por cortesía a las autoridades peruanas, tampoco lo fue el propósito de elección de la ciudad  como sede permanente de la nueva Confederación. El bochornoso ejemplo de lo ocurrido con el Congreso impedía al Gobierno autorizar que en ocasiones ulteriores, so pretexto del funcionamiento de los Comités de la Confederación, bajo la inspiración de un partido político atrincherado detrás de los sindicatos, volviera a vulnerarse en nuestra propia tierra el decoro nacional, aprovecharse a mansalva del reducto de una institución continental respetable e intangible, para maniobras de política interna.

La intervención de las Fuerzas Armadas en el Gabinete despejará, finalmente, la tercera y última acusación que el desenfreno de la prensa aprista está arrojando contra el Gobierno para incitar a los lectores incautos de su público al descontento y la protesta. Me refiero a la imputada colusión del Ejecutivo con los elementos llamados “reaccionarios” de la derecha para favorecer los grandes intereses de éstos en forma de hacer “más rico al rico y más pobre al pobre”; esto es, menospreciando los  derechos fundamentales del pueblo y defraudando las promesas de justicia social hecha por el régimen que presido.

Nada es menos exacto; y si hay quienes sienten en carne propia las angustias de nuestras clases necesitadas y quienes alientan el deseo obsesionante de remediarlas al máximum de los  posible,  nos contamos entre ellos yo y los hombres que me han acompañado en el Gobierno. Lo que desgraciadamente callan y ocultan los detractores es que pocas veces ha atravesado el Perú una época más difícil económica y fiscalmente hablando; que hasta la naturaleza nos ha dado sorpresas duras que han reducido las fuentes de subsistencias; que en muchos lugares los municipios apristas han saboteado la buena distribución y el control de precios de  los artículos alimenticios; y que la preocupación política ha retrasado lastimosamente y sin culpa del Gobierno la obra constructiva y social de este régimen y ha desmedrado los rendimientos de la producción y del trabajo. Por lo que hace al favor que se dice dispensado a las derechas representativas del capital, puedo asegurar que jamás los actos administrativos de mi Gobierno se han  inspirado en ese criterio, sino en el propósito de discernir justicia escueta previo estudio de cada asunto, acogiendo unas veces y rechazando otras las demandas que le han sido sometidas, sea en el ramo de Hacienda,  sea en el de Agricultura o en el de Trabajo. De esta posición independiente del  Gobierno hay una prueba irrefutable: la reiterada y ruda campaña que tanto en materias políticas como económicas y de otros órdenes ha soportado y soporta el Ejecutivo de parte de los sectores apellidados “de la reacción”. El Gobierno, fiel a su línea, seguirá a pesar de todo manteniendo su imparcialidad de juicio y su esperanza de que al fin y al cabo la comprensión se abrirá paso y, sin perjuicio de hacerle la crítica de sus posibles errores, se le prestará una sincera colaboración, para, de acuerdo con los imperativos  de la época, afirmar el proceso evolutivo de la justicia social y levantar el nivel moral y material de nuestros pueblos.

He hablado en este Mensaje cumpliendo un imperativo de conciencia, sin dar asidero en mi espíritu a pasiones subalternas ni a prejuicios ligeros, lleno de convicción sobre la verdad de lo que he dicho y presa de la amargura de tener que poner de manifiesto, en fuerza de la  gravedad de la situación, muchas cosas que por un sentimiento de recato nacional hubiera sido preferible guardar dentro de la propia casa. Mi exposición demostrará que nos hallamos en un momento de muy aguda emergencia para la nacionalidad, y que el peligro sólo puede evitarse mediante una movilización general de todas las fuerzas sanas del país, en fervorosa convergencia hacia el restablecimiento de los principios fundamentales en que reposa  la vida de la República. Necesitamos hoy más que nunca la unión de todos los peruanos de buena fe para conservarle a la nación su genuina y profunda raigambre democrática. Es indispensable para ello que todos los elementos de orden se agrupen, olvidando rencillas y pasiones, para trabajar juntos al servicio de la patria. Una decisión en este sentido requiere, indudablemente, mucho desprendimiento, mucho amor a la propia tierra y mucha fe en el porvenir; pero nuestro pueblo es bueno y estoy seguro de que la gran mayoría de los peruanos no sólo está dispuesta, sino que ansía, emprender esta obra de restauración nacional.

Por mi parte, formulo con este fin  un llamamiento a toda la gente bien intencionada del país,  tanto a los que lealmente han trabajado conmigo y confiado en las directivas de mi Gobierno, como a los que por una u otra causa me han combatido. Confío también en que muchos ciudadanos afiliados de buena fe al Partido Aprista, mediten el problema que éste ha planteado al país y vayan a una honesta y radical rectificación. Y reitero, por último, la decisión de mi Gobierno de defender, por encima  del juego de la pasión política, los principios del orden público y de la estabilidad constitucional.