MENSAJE A LA NACIÓN

DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ,

DOCTOR JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,

EL 29 DE FEBRERO DE 1948

Hablo a los ciudadanos del Perú y hablo también a cuantos en los países del  extranjero reciben versiones incompletas, parciales o malévolas sobre la  política peruana y necesitan, para formarse un juicio exacto, conocer la verdad  de lo que ocurre en nuestro pueblo. Frente a la inescrupulosa y ya  desembozada campaña de agitación pública y de difamación interna e  internacional iniciada desde hace algunos meses por el Partido Aprista contra el Gobierno y contra la persona del  Presidente de la República, dejaría de cumplir una obligación perentoria si autorizara con mi silencio esa culpable  desfiguración de la realidad y permitiera que tomase cuerpo el extravío de la  opinión local y continental acerca del problema político  que actualmente  confronta la nación.

Los órganos de propaganda del APRA no circunscriben su acción a la crítica  sana y a la defensa de los derechos de su partido, sino que adulteran la verdad  de los hechos, presentan magnificados ciertos problemas nacionales, estimulan  las bajas pasiones del descontento irreflexivo y el odio, incitan francamente a la  subversión y a la lucha cruenta, socavan el principio de autoridad y tienden a  crear un clima de confusión y de anarquía incompatible con la firmeza de las  instituciones.  Líderes y periódicos del Partido, en discursos y artículos,  anuncian en el país y en el extranjero la decisión de hacer correr ríos de sangre  para atajar una tiranía que no existe ni existirá; hablan de la traición del jefe de  Gobierno a los principios democráticos triunfantes en las elecciones de junio  del 45 y expresan que se forja en el Perú un régimen de dictadura y funciona  un Estado-policía que vulnera las libertades ciudadanas. Semejante campaña  mantiene en el país un estado permanente de desconcierto y de zozobra,  siembra la desconfianza dentro y fuera de la República, restringe la inversión  de los capitales agravando los complejas dificultades económicas que, al igual  que a todos los países del mundo, nos asedian en esta hora de crisis, distrae la  atención del Gobierno casi exclusivamente hacia el problema político, inhabilitándolo para encarar con la dedicación y eficacia necesarias otras cuestiones de sustancial urgencia y entraña el ya visible designio de dar en tierra con el Poder constituido.

Mi deber de mandatario y de hombre  que jamás se ha encariñado con los  halagos del poder pero que tiene claro concepto de las obligaciones y  responsabilidades que le son anexas, me obliga a hacer cuanto esté a mi  alcance para rectificar esta tremenda tergiversación y para contener, con la  verdad en la mano, esta cruzada interesada, disolvente e injusta.  Estimo,  pues, indispensable ya una exposición pública que aclare la posición  gubernativa y explique como en las actitudes del Poder Ejecutivo no ha habido  ni hay otra cosa que el deseo de mantener la línea política que anuncié al país desde el momento en que fui solicitado para presidir sus destinos.

En documento público de marzo de 1945,  contraje un compromiso con el pueblo peruano: el de ejercer la más  elevada magistratura de la nación ateniéndome a las bases que allí propuse.  Definí mi Gobierno como un periodo  de transición en que los partidos deberían moderar sus aspiraciones extremas para llegar a sagaces transacciones que encaminaran a la nación por la senda democrática con el concurso de todos los grupos; como una era en que no deberían existir exclusiones injustas para nadie; como un proceso de graduales pero firmes realizaciones de justicia social; como una expresión del esfuerzo  colectivo por el fortalecimiento de nuestra economía y de nuestra personalidad  internacional.

Con toda precisión expuse en aquella oportunidad que en caso de prosperar mi  candidatura necesitaba yo algo más que un momentáneo apoyo inicial; que  requería la seguridad de que durante mi mandato las fuerzas electoras me  prestarían los medios para desenvolver el programa y cimentar la obra que yo había esbozado.

Y así como fue inequívoco el planteamiento de mis puntos de vista fue también terminante el sometimiento a los mismos por parte de los integrantes del Frente  Democrático Nacional, entre los que se encontraba el Partido Aprista. No hubo, de este modo, un acto unilateral de mi parte ante la nación. Surgió la obligación  recíproca de los partidos y agrupaciones políticas que me llevaron al poder, de atenerse a los principios de mi plataforma electoral.

Producidas las elecciones y ante la conducta ejemplar del candidato opositor y  la serena actitud del Presidente cesante y sus partidarios, todo hacía pensar que mis propósitos podrían llevarse a cabo sin tropiezo alguno, para bien y salud de la patria.

Desgraciadamente, no ha sido así.  Consecuente con mis enunciados, ofrecí al Partido Aprista dos asientos en mi primer Gabinete, los que no fueron aceptados por estimar más adecuado a su  posición el papel de observador de la marcha del nuevo régimen. Desde los  primeros tiempos pudo advertirse en el Congreso y en la Administración, una discrepancia ostensible entre las tendencias políticas del APRA y las ideas de mi programa. Apelo para demostrarlo a los datos que nuestra reciente historia ha recogido, tanto en la vida parlamentaria como en las actitudes del Partido para con el Gobierno.  Se hizo notoria en las Cámaras la intolerancia de su lado contra los miembros del otro. Barras disciplinadas bajo consigna previa cohibieron la libertad de opinión y de actitud de las minorías. Leyes inspiradas en un criterio cerradamente partidarista o personal y en una tendencia económica más que evolutiva, revolucionaria, llevaron al Parlamento un ambiente inquietante de unilateralismo y premura.  Se puso de manifiesto una marcada tendencia aprista a cercenar los poderes del Ejecutivo, y a privarlo de funciones esenciales como la del veto, pese a que su forma de veto relativo o simple derecho de observaciones no tenía más efecto que garantizar la mayor meditación de las leyes sin afectar las prerrogativas decisorias del Parlamento.

Fue puesto de lado el derecho constitucional del Gobierno de proponer al Congreso los ascensos para las altas clases militares, otorgándose varios de éstos a iniciativa del APRA, por acto propio del Congreso,  con omisión de la propuesta gubernamental. Se censuró ministros que apenas habían tenido tiempo de hacerse cargo de sus carteras. El Presupuesto sufrió recortes y adiciones inusitados; y hubo excesos en  las atribuciones y fines de las comisiones parlamentarias de investigación.

Simultáneamente, la ciudad fue escenario de manifestaciones inequívocas del afán de imponer en la calle la hegemonía del Partido a base de intimidación o de intolerancia exclusivista.

No alcanzó resultado mi propósito de  aliviar estas tensiones mediante la incorporación a mi segundo Gabinete de  tres ministros del APRA, en la esperanza de que su contacto con los problemas del Gobierno y la visión directa de las dificultades del mando morigeraría las vehemencias del Partido y haría factible una útil colaboración.

Desde entonces acá, el fenómeno se ha ido extendiendo y agudizando. En la Administración, se multiplicó el ingreso de funcionarios y empleados de filiación aprista que llevaron a las oficinas públicas la militancia política y que cumplían dentro de ellas las órdenes del Partido. Antiguos empleados públicos fueron amenazados de expulsión si  no se inscribían en los  registros partidarios. El trámite de los asuntos administrativos llegó a ser confiado en algunos ministerios al dictamen y resolución  de los burós apristas, que incluso funcionaron en los locales ministeriales, con prescindencia y desmedro de los directores y altos funcionarios. Hombres claves del Partido fueron colocados al frente de importantes reparticiones.  Se organizaba así una especie de Poder clandestino dentro del Poder Administrativo. Se prodigó el uso de vehículos de ciertos ministerios en comisiones políticas dentro y fuera de Lima. El favor político comenzó a dispensarse en forma de facilidades y objetables privilegios; y paralelamente funcionaba el “boicot” contra quienes, dentro o fuera, no participaban del criterio del grupo. En las elecciones complementarias se comprobaron casos de funcionarios que asumieron directa intervención en los comicios, ya facilitando vehículos oficiales para la movilización de votantes, ya adoptando actitudes reñidas con la imparcialidad a que  los obligaba la naturaleza de sus cargos. Las células  funcionaban en el ramo de Correos y Telégrafos, y utilizaron clandestinamente los servicios de comunicaciones para fines políticos. El Partido propició por la primera vez en varias dependencias administrativas y fiscalizadas la formación de sindicatos subversivos y los intentos de huelgas de empleados públicos.  Los afiliados acuotaban y acuotan todavía un porcentaje de sus sueldos de empleados públicos para los gastos del Partido. En la administración  departamental y provincial, autoridades políticas apristas, con evidente deslealtad para con el Gobierno a quien representaban, actuaron en la función pública como personeros de su Partido y no como guardianas del interés general.  Los estanquillos de abastecimientos constituyeron un privilegio poco menos que exclusivo de los afiliados al APRA, quienes disfrutaron ampliamente del  crédito del Estado. Los restaurantes populares facilitaron también al crédito, con la ayuda de empleados inescrupulosos, servicios de orden político. Y otras irregularidades análogas pudieron advertirse en distintos ramos de la Administración.

Simultáneamente se acentuaron en otros aspectos de la vida del país alarmantes indicios del empeño hegemónico del Partido. Las escuelas y colegios se convirtieron en centros  de nocivas actividades políticas, con células, centros federados y comités de propaganda y disciplina apristas, que llevaban a las aulas la organización del Partido, distraían a los educandos de sus estudios, fomentaban divisiones entre ellos y envenenaban sus almas con prematuras inquietudes y prejuicios odiosos. Se atraía a los estudiantes a las manifestaciones callejeras; y se  convocaba por periódico a reuniones sectoriales extraescolares de las organizaciones juveniles. Disturbios de raíz política inquietaron varios planteles del país.

Muchos maestros apristas, por su parte, cayeron también en esta inexplicable desviación de su noble cometido, actuando cada vez con menos embozo en menesteres políticos, tomando parte en  faenas electorales, arrastrando en ocasiones a sus alumnos a manifestaciones públicas reservadas por su naturaleza a los ciudadanos en ejercicio e imponiendo su tendencia partidarista en las asociaciones magisteriales.

El Partido tomó posiciones en las directivas de los sindicatos obreros, llevando hasta ellos la lucha política y apartándolos de su genuina finalidad de defensores de los intereses gremiales.

Se fomentó, asimismo, en algunos lugares de la sierra, la agitación indígena con caracteres sediciosos.

Muchas Juntas Transitorias Municipales, políticamente conformadas desde 1945 con elementos de mayoría aprista, por obra de circunstancias del momento de todos conocidas, hicieron política unilateral y extremosa, descuidando no pocas de ellas la necesidades locales y dando a los fondos comunales dudosas inversiones que en la  actualidad son objeto de amplia investigación.

No paró en esto la labor de penetración del Partido en los diversos sectores sociales. También los Institutos Armados fueron un objetivo de sus intentos de captación; y se buscó la forma de atraerlos con leyes demagógicas y propaganda tendiente a mellar su disciplina.

Toda esta acción ha sido dirigida desde el Comité Central del Partido dentro de un régimen de rígida organización vertical en que unos pocos hombres imponen implacablemente sus directivas a  la masa de afiliados, los cuales carecen de poder deliberante y cuya obediencia se exige a base de severos controles internos y de sanciones disciplinarias que eliminan el ejercicio de la personalidad individual y el derecho de libre determinación.

Nadie podrá explicarse jamás racionalmente para qué se ha hecho todo esto, cuando por medios sensatos y pacíficos un Partido organizado, en el que mucha gente puso de buena fe sus esperanzas, podía con el consentimiento de todo el país y con el  aplauso general, hacer una  labor de provecho y de adelanto para la nación.

El análisis sereno de este cuadro lleva a dos conclusiones:

1ª Que no soy yo quien se ha apartado de la línea democrática y de prudente convivencia que tracé a la ciudadanía al asumir mi candidatura, sino que es el Partido Aprista quien ha violado esa línea pretendiendo someter el país a su férula unilateral y exclusiva.

2° Que nos hallamos en el Perú frente a un propósito no disimulado de implantación de un Partido Único de organización vertical que, pese a su propaganda local y en el exterior, dista mucho en sus procedimientos de ser verdaderamente democrático, pues tiene en su constitución interna todas las características de una dictadura y en su acción política sobre el país aspira a  una dominación integral de fuerza, basada en la disciplina de la obediencia y en la consigna. No es ésta una afirmación aventurada o injusta. Ella está comprobada con el texto de los Estatutos del Partido; y con la organización varias veces publicada de sus comandos, células, burós, comités de defensa y sectorales y brigadas de choque.

Si se pensó que llegado al poder podría yo convertirme en instrumento ciego de una determinada tendencia, hubo imperdonable error, puesto que sin lugar a dudas anuncié anteladamente que si el país me confiriese la Presidencia de la República procuraría ceñirme en el ejercicio de la  función a la norma de no aceptar consigna política ni compromiso que constriñesen la libertad de mi criterio o de mi conciencia o que pudieran resultar incompatibles con el interés general del Estado.

 ha pretendido que debería gobernar con uno u otro partido, pero se olvida que, como ya lo han dicho grandes profesores de Derecho Constitucional, es para el pueblo y con el pueblo que se debe gobernar, que la opinión pública es el alma y la conciencia de la nación, que el pueblo es una realidad, una fuerza, un movimiento, que no se deja encerrar ni limitar en los moldes de un partido, porque está por detrás y por encima de él; y que, en fin, no me corresponde la sumisión unilateral sino la obra para todos. Soy Presidente del Perú y no para un partido o para un grupo.

Frente a esta realidad, adquirí la  convicción de que mi Gobierno debía restablecer el verdadero significado del régimen iniciado en 1945 y moderar las extralimitaciones en que el Partido Aprista estaba incurriendo, así como la reacción que su actitud provocaba en otros sectores políticos. En repetidos mensajes dirigidos al país he llamado a las gentes a la cordura, sin escatimar esfuerzo por abrir sagazmente oportunidades a una saludable rectificación, aun a riesgo de dar margen a la tacha de pusilanimidad, varias veces esgrimida en mi contra. Los dos últimos gabinetes que tan esforzadamente me han secundado, han significado una advertencia serena pero firme, de que el Gobierno estaba decidido a afirmar el respeto de la autoridad, el mantenimiento del orden y la convivencia sin temor. Nunca sabrá el país cuánto desvelo, cuánto vigor y cuánta prudencia y buena fe han puesto todos y cada uno de sus miembros para alcanzar estos objetivos. Desgraciadamente, la orientación política del APRA se ha hecho de más  en más agresiva y peligrosa. En la última época, ha acentuado sus ataques contra el Gobierno en lo económico, en lo social y en lo político, con evidente apasionamiento y ya con el claro designio de desquiciarlo. Su prensa ha adoptado una posición intolerablemente subversiva, que va mucho más allá de los límites de la legítima libertad de imprenta, envenenando el alma del pueblo a propósito de nuestros problemas alimenticios  ─que no son, por cierto, sólo peruanos, sino mundiales─, sembrando rencores, incitando irresponsablemente a la asonada, amenazando con actos de sangre, manchando reputaciones y tratando por artes vedadas de restar autoridad moral a los hombres que tienen en sus manos la conducción del país. A propósito del crimen Graña, en cuya investigación el Ejecutivo no ha tenido otra mira que la de actuar firme pero austeramente para descubrir a los culpables y entregarlos a la sanción del Poder Judicial, el Partido ha hecho blanco a la Policía y al Ministerio del ramo de injustas y malévolas imputaciones; cuando la ética le señalaba una posición de apartamiento del proceso, a fin de que los jueces pudieran apreciar con absoluta libertad de espíritu los cargos resultantes contra los afiliados apristas comprendidos en el enjuiciamiento. Una huelga política y artificiosa, que debía culminar en un paro general de carácter subversivo con ramificaciones en diversos lugares de la República, puso en el caso al Gobierno de dictar un  decreto de suspensión de garantías. Frustrado así el intento, sobrevino más tarde la huelga estudiantil de Guadalupe, también movida por las células de la Juventud Aprista; y en esa nueva oportunidad la desgraciada muerte de un estudiante fue explotada en forma innoble contra el Ejecutivo, que era el primero en lamentar ese suceso, a fin de echarle encima la aversión del  alumnado. Las estaciones de radio del Partido multiplican sus ataques, en  tono ya francamente irrespetuoso y subversivo.  La conspiración, hasta hace poco cauta e informe, va cobrando caracteres concretos y graves. Los cuarteles fueron en meses atrás campo de torvas maquinaciones.  Volantes incendiarios, de probado origen aprista, circulaban entre las clases y la tropa  incitando a la rebelión y haciendo al soldado falaces promesas.  Agitadores  sociales actúan en la capital y se movilizan desde Lima a diversos centros de trabajo de la República para soliviantar a la clase obrera; y en discursos demagógicos incitan a colgar a los “reaccionarios” de los postes del alumbrado. El símbolo de la horca es paseado en las calles. Utilizando el pretexto de la actual crisis de subsistencias, corifeos locales de filiación aprista han movido en Cerro de Pasco los instintos primitivos de la masa del pueblo, que de suyo no es mala pero si influenciable, y acaban de producir en la persona del  representante de la autoridad un atentado vergonzoso y gravísimo, cuya monstruosidad no podría ser jamás justificada por ningún alegato. Este luctuoso acontecimiento y los preparativos de otras actividades de fuerza que la incitación aprista comienza a desarrollar en diversos lugares de la República y  de las cuales están suficientemente enteradas las autoridades, revelan que lo que en realidad trata de ponerse en práctica es un plan general de provocación al Gobierno, para determinar en éste represiones drásticas que pueden más tarde dar apariencia de justificación a reacciones populares violentas y al sambenito de tiránico con que se pretende desprestigiar a este régimen. El juego es burdo, pero también muy grave y peligroso; y debo por eso denunciarlo. Es preciso que quede muy claramente sentado que mientras la conducta de la ciudadanía se ciña a las normas de la ley y del respecto al orden, nada tendrá que temer de la acción gubernativa; pero que ésta perseguirá severamente toda incitación malsana al desorden o al delito y toda actitud que secunde esa política funesta.

Como natural corolario de la campaña que llevo descrita, el temor se apodera del ánimo de las gentes, la entereza moral flaquea, el libre  ejercicio de la función pública se siente coactado, la indisciplina social se acentúa, el trabajo acusa menores rendimientos, y se pone  en peligro la permanencia de las instituciones.  La gran masa de nuestro pueblo, que es sencillo, pacífico y sinceramente democrático, siente ya el cansancio de esta vida de permanente agitación, amenaza y angustia que lleva desde hace cerca de tres años, repudia la psicología y los métodos  del aprismo y se  pregunta cuándo va a normalizarse el país dentro de su cauce natural de convivencia armónica y de respeto a las libertades.  Hay, incluso, muchos militantes del APRA que íntima y honradamente discrepan de la orientación de su Partido y sienten recortada su personalidad por las normas de férrea disciplina y de sometimiento a consigna que en él imperan; pero que no se atreven a enunciar su opinión por temor a las sanciones de los comités disciplinarios.

El Estado haría mal en mostrarse indiferente ante estos ya palpables síntomas de descomposición social. Está en el deber de velar por el mantenimiento de la autoridad, las garantías y el orden. Un Gobierno legítimamente constituido no puede ni debe abandonarse a la inacción cuando ve y sabe que en una o en otra forma, por la propaganda o por la conspiración, se trabaja en un vasto plan de subversión política y social. Como depositario del mandato del pueblo, que es toda la ciudadanía y no un partido solamente, le está vedado permitir la burla de ese mandato por un acto irresponsable de detentación del poder. Por la senda en que ha entrado nuestra política, se llega a la revolución; y la revolución, aparte de los daños intrínsecos que hoy causaría al Perú y del desprestigio que acarrea en el exterior, significa un atraso de veinte años en la marcha progresiva del país.  Forzoso  es prevenir semejante mal antes que remediarlo a posteriori. Mi Gabinete saliente ha llenado a conciencia su misión de representar un nuevo esfuerzo del Gobierno por mover a la cordura a los extraviados, sin perjuicio de llamarlos severamente al orden. No ha habido nunca en los ministros dimisionarios la menor debilidad ni regateos de firmeza; y sus decisiones de orden político  han sido adoptadas con uniformidad de criterio y solidaridad en la acción. Esa fase está concluida y las circunstancias señalan la necesidad de configurar una nueva. He constituido para ello un Gabinete militar, cuyo significado deseo exponer nítidamente, por lo mismo que la propaganda  del APRA en el extranjero, desde el advenimiento del último Ministerio mixto, viene señalando la presencia en el Gobierno de miembros de los Institutos Armados como signo de una incipiente dictadura. La verdad es muy otra. Frente a la grave situación general que he descrito, en  un país sin partidos tradicionales múltiples que canalicen la opinión de la ciudadanía y dentro de mi condición de hombre que no pertenece a ningún partido y que se ha marcado una línea de Gobierno para todos, mal podría instalar en este momento un Gabinete civil con hombres de algún otro grupo político antagonista del APRA, porque ello mermaría mi libertad de acción y mi amplitud de propósitos, y porque, atenta la beligerancia política existente, la formación de  un Gabinete de grupo representaría una bandera de nueva luchas y discordias, cuando lo que reclama el país es el sofrenamiento de las pasiones y la imposición del buen sentido. Dadas las características de esta hora, requiérese un Gobierno cuyos hombres estén al margen y por encima del turbión político, cuyas tradiciones del honor eliminen la amenaza de toda represión menguada e injusta, cuya escuela de energía asegure la imposición del orden público y cuyo deber institucional les haga ver en la defensa de la permanencia y grandeza de la patria la norma suprema de sus acciones. Todos estos atributos corresponden precisamente a las Fuerzas Armadas, y en este sentido, pienso que nuestro país puede legítimamente enorgullecerse en la presente oportunidad de la forma como vienen al Gobierno los elementos representativos de esas Fuerzas. Vienen, no por torcidos caminos, sino a requerimiento del jefe del Estado para compartir con él una de las responsabilidades típicas de su instituto: la tutela de las garantías sociales, del respeto al principio de autoridad y  de las instituciones esenciales del Estado, vale decir, la preservación y  defensa de la democracia en el Perú.

Nada más ajeno, por consiguiente, al espíritu del Gabinete iniciado ayer que un propósito de dictadura totalitaria. Su misión es más bien restablecer, con la entereza que las circunstancia demanden, las condiciones de convivencia libre, pero honesta y respetuosa, de la persona y la opinión ajenas que caracterizan al régimen democrático. Es un error identificar la acción militar con la fuerza bruta y deducir de allí que un Gobierno en que intervienen militares será un Gobierno de drasticismo y de violencia. El Ejército es una fuerza racionalizada y consciente, que no procede bajo el acicate de impulsos primitivos o ciegos, sino por el contrario, bajo la influencia de la meditación  y del planeamiento sereno. Nadie ha tildado de antidemócrata al Gobierno de los Estados Unidos por la designación del general Marshall  para la Secretaría de Estado; y el general Mac Arthur realiza con unánime aplauso la democratización del Japón.

Precisa no confundir la fuerza bruta con la firmeza. Firmes son, eso sí, los Institutos Armados para cortar el abuso, castigar el crimen y prevenir la anarquía; y, en este sentido, depende exclusivamente de los instigadores políticos no insistir en actitudes desorbitadas que demanden una inflexible y justa represión. Nada de esto va a en contra de la democracia, vocablo del cual viene abusándose a menudo para engañar incautos.  La verdadera democracia no está en las formas o en los trajes,  sino en el espíritu; y al espíritu democrático le son connaturales la obediencia a la ley, la igualdad de oportunidades, la libertad limitada por el respeto a los demás, la ausencia de coacción, el acatamiento de la autoridad y la proscripción del desorden.

Otro importante significado tiene la instauración del nuevo Gabinete. El Ejército es, por su índole misma, una institución nacionalista, como nacionalistas y peruanas fueron las bases en que apoyé mi plataforma electoral. Nada más extraño, pues, a la historia y a la realidad de los  Institutos Armados que cualquier contubernio con tendencias internacionalizantes en cuyo solo enunciado se contiene una negación de la patria. Mal podrá, pues, prosperar la calumniosa imputación que últimamente se ha hecho a mi Gobierno de albergar inconfesables simpatías hacia el comunismo internacional. En más de una ocasión he declarado ya enfáticamente que el Ejecutivo está alerta contra esta clase de infiltraciones foráneas que, según frase reciente de un destacado publicista, atentan contra la personalidad del Estado y mellan su soberanía. Lo que ocurre es, sencillamente, que nos  hallamos en presencia de un nuevo recurso político del APRA para, a base de su campaña anticomunista, ganarse la simpatía continental y difundir recelos contra el Gobierno cuya subsistencia estorba sus planes. Por fortuna, la sensatez de los países extranjeros habrá de permitirles, mediante sus propios medios, formarse un concepto exacto de la verdad.

Se ha pretendido sacar partido, para divulgar aquella falsa especie, de la actitud del Gobierno al impedir que se  constituya en Lima la sede de la Confederación Interamericana de Trabajadores surgida del Congreso Obrero celebrado hace poco en esta capital con fines anticomunistas. La medida dictada por el Gobierno no obedeció a razones  de ideología, sino de decoro y de tranquilidad nacionales.  La reunión de ese Congreso, que en principio no habría merecido reparo alguno de nuestra parte, fue vista con desconfianza en cuanto a la designación del lugar de su realización, porque, pese a enfáticas declaraciones sobre su carácter apolítico, conocía el Gobierno que, empeñado el Partido Aprista en su organización directiva, habría de utilizar la circunstancia para explotarla políticamente a favor de  sus fines. La presunción no resultó infundada, y líderes extranjeros vinculados al APRA  se permitieron inferir al Gobierno del país de que eran huéspedes groseros agravios en sus discursos.

Y así como la designación de Lima como punto de reunión del Congreso no fue siquiera comunicada por cortesía a las autoridades peruanas, tampoco lo fue el propósito de elección de la ciudad  como sede permanente de la nueva Confederación. El bochornoso ejemplo de lo ocurrido con el Congreso impedía al Gobierno autorizar que en ocasiones ulteriores, so pretexto del funcionamiento de los Comités de la Confederación, bajo la inspiración de un partido político atrincherado detrás de los sindicatos, volviera a vulnerarse en nuestra propia tierra el decoro nacional, aprovecharse a mansalva del reducto de una institución continental respetable e intangible, para maniobras de política interna.

La intervención de las Fuerzas Armadas en el Gabinete despejará, finalmente, la tercera y última acusación que el desenfreno de la prensa aprista está arrojando contra el Gobierno para incitar a los lectores incautos de su público al descontento y la protesta. Me refiero a la imputada colusión del Ejecutivo con los elementos llamados “reaccionarios” de la derecha para favorecer los grandes intereses de éstos en forma de hacer “más rico al rico y más pobre al pobre”; esto es, menospreciando los  derechos fundamentales del pueblo y defraudando las promesas de justicia social hecha por el régimen que presido.

Nada es menos exacto; y si hay quienes sienten en carne propia las angustias de nuestras clases necesitadas y quienes alientan el deseo obsesionante de remediarlas al máximum de los  posible,  nos contamos entre ellos yo y los hombres que me han acompañado en el Gobierno. Lo que desgraciadamente callan y ocultan los detractores es que pocas veces ha atravesado el Perú una época más difícil económica y fiscalmente hablando; que hasta la naturaleza nos ha dado sorpresas duras que han reducido las fuentes de subsistencias; que en muchos lugares los municipios apristas han saboteado la buena distribución y el control de precios de  los artículos alimenticios; y que la preocupación política ha retrasado lastimosamente y sin culpa del Gobierno la obra constructiva y social de este régimen y ha desmedrado los rendimientos de la producción y del trabajo. Por lo que hace al favor que se dice dispensado a las derechas representativas del capital, puedo asegurar que jamás los actos administrativos de mi Gobierno se han  inspirado en ese criterio, sino en el propósito de discernir justicia escueta previo estudio de cada asunto, acogiendo unas veces y rechazando otras las demandas que le han sido sometidas, sea en el ramo de Hacienda,  sea en el de Agricultura o en el de Trabajo. De esta posición independiente del  Gobierno hay una prueba irrefutable: la reiterada y ruda campaña que tanto en materias políticas como económicas y de otros órdenes ha soportado y soporta el Ejecutivo de parte de los sectores apellidados “de la reacción”. El Gobierno, fiel a su línea, seguirá a pesar de todo manteniendo su imparcialidad de juicio y su esperanza de que al fin y al cabo la comprensión se abrirá paso y, sin perjuicio de hacerle la crítica de sus posibles errores, se le prestará una sincera colaboración, para, de acuerdo con los imperativos  de la época, afirmar el proceso evolutivo de la justicia social y levantar el nivel moral y material de nuestros pueblos.

He hablado en este Mensaje cumpliendo un imperativo de conciencia, sin dar asidero en mi espíritu a pasiones subalternas ni a prejuicios ligeros, lleno de convicción sobre la verdad de lo que he dicho y presa de la amargura de tener que poner de manifiesto, en fuerza de la  gravedad de la situación, muchas cosas que por un sentimiento de recato nacional hubiera sido preferible guardar dentro de la propia casa. Mi exposición demostrará que nos hallamos en un momento de muy aguda emergencia para la nacionalidad, y que el peligro sólo puede evitarse mediante una movilización general de todas las fuerzas sanas del país, en fervorosa convergencia hacia el restablecimiento de los principios fundamentales en que reposa  la vida de la República. Necesitamos hoy más que nunca la unión de todos los peruanos de buena fe para conservarle a la nación su genuina y profunda raigambre democrática. Es indispensable para ello que todos los elementos de orden se agrupen, olvidando rencillas y pasiones, para trabajar juntos al servicio de la patria. Una decisión en este sentido requiere, indudablemente, mucho desprendimiento, mucho amor a la propia tierra y mucha fe en el porvenir; pero nuestro pueblo es bueno y estoy seguro de que la gran mayoría de los peruanos no sólo está dispuesta, sino que ansía, emprender esta obra de restauración nacional.

Por mi parte, formulo con este fin  un llamamiento a toda la gente bien intencionada del país,  tanto a los que lealmente han trabajado conmigo y confiado en las directivas de mi Gobierno, como a los que por una u otra causa me han combatido. Confío también en que muchos ciudadanos afiliados de buena fe al Partido Aprista, mediten el problema que éste ha planteado al país y vayan a una honesta y radical rectificación. Y reitero, por último, la decisión de mi Gobierno de defender, por encima  del juego de la pasión política, los principios del orden público y de la estabilidad constitucional.

MENSAJE A LA NACIÓN

DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ,

DOCTOR JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,

EL 29 DE FEBRERO DE 1948

Hablo a los ciudadanos del Perú y hablo también a cuantos en los países del  extranjero reciben versiones incompletas, parciales o malévolas sobre la  política peruana y necesitan, para formarse un juicio exacto, conocer la verdad  de lo que ocurre en nuestro pueblo. Frente a la inescrupulosa y ya  desembozada campaña de agitación pública y de difamación interna e  internacional iniciada desde hace algunos meses por el Partido Aprista contra el Gobierno y contra la persona del  Presidente de la República, dejaría de cumplir una obligación perentoria si autorizara con mi silencio esa culpable  desfiguración de la realidad y permitiera que tomase cuerpo el extravío de la  opinión local y continental acerca del problema político  que actualmente  confronta la nación.

Los órganos de propaganda del APRA no circunscriben su acción a la crítica  sana y a la defensa de los derechos de su partido, sino que adulteran la verdad  de los hechos, presentan magnificados ciertos problemas nacionales, estimulan  las bajas pasiones del descontento irreflexivo y el odio, incitan francamente a la  subversión y a la lucha cruenta, socavan el principio de autoridad y tienden a  crear un clima de confusión y de anarquía incompatible con la firmeza de las  instituciones.  Líderes y periódicos del Partido, en discursos y artículos,  anuncian en el país y en el extranjero la decisión de hacer correr ríos de sangre  para atajar una tiranía que no existe ni existirá; hablan de la traición del jefe de  Gobierno a los principios democráticos triunfantes en las elecciones de junio  del 45 y expresan que se forja en el Perú un régimen de dictadura y funciona  un Estado-policía que vulnera las libertades ciudadanas. Semejante campaña  mantiene en el país un estado permanente de desconcierto y de zozobra,  siembra la desconfianza dentro y fuera de la República, restringe la inversión  de los capitales agravando los complejas dificultades económicas que, al igual  que a todos los países del mundo, nos asedian en esta hora de crisis, distrae la  atención del Gobierno casi exclusivamente hacia el problema político, inhabilitándolo para encarar con la dedicación y eficacia necesarias otras cuestiones de sustancial urgencia y entraña el ya visible designio de dar en tierra con el Poder constituido.

Mi deber de mandatario y de hombre  que jamás se ha encariñado con los  halagos del poder pero que tiene claro concepto de las obligaciones y  responsabilidades que le son anexas, me obliga a hacer cuanto esté a mi  alcance para rectificar esta tremenda tergiversación y para contener, con la  verdad en la mano, esta cruzada interesada, disolvente e injusta.  Estimo,  pues, indispensable ya una exposición pública que aclare la posición  gubernativa y explique como en las actitudes del Poder Ejecutivo no ha habido  ni hay otra cosa que el deseo de mantener la línea política que anuncié al país desde el momento en que fui solicitado para presidir sus destinos.

En documento público de marzo de 1945,  contraje un compromiso con el pueblo peruano: el de ejercer la más  elevada magistratura de la nación ateniéndome a las bases que allí propuse.  Definí mi Gobierno como un periodo  de transición en que los partidos deberían moderar sus aspiraciones extremas para llegar a sagaces transacciones que encaminaran a la nación por la senda democrática con el concurso de todos los grupos; como una era en que no deberían existir exclusiones injustas para nadie; como un proceso de graduales pero firmes realizaciones de justicia social; como una expresión del esfuerzo  colectivo por el fortalecimiento de nuestra economía y de nuestra personalidad  internacional.

Con toda precisión expuse en aquella oportunidad que en caso de prosperar mi  candidatura necesitaba yo algo más que un momentáneo apoyo inicial; que  requería la seguridad de que durante mi mandato las fuerzas electoras me  prestarían los medios para desenvolver el programa y cimentar la obra que yo había esbozado.

Y así como fue inequívoco el planteamiento de mis puntos de vista fue también terminante el sometimiento a los mismos por parte de los integrantes del Frente  Democrático Nacional, entre los que se encontraba el Partido Aprista. No hubo, de este modo, un acto unilateral de mi parte ante la nación. Surgió la obligación  recíproca de los partidos y agrupaciones políticas que me llevaron al poder, de atenerse a los principios de mi plataforma electoral.

Producidas las elecciones y ante la conducta ejemplar del candidato opositor y  la serena actitud del Presidente cesante y sus partidarios, todo hacía pensar que mis propósitos podrían llevarse a cabo sin tropiezo alguno, para bien y salud de la patria.

Desgraciadamente, no ha sido así.  Consecuente con mis enunciados, ofrecí al Partido Aprista dos asientos en mi primer Gabinete, los que no fueron aceptados por estimar más adecuado a su  posición el papel de observador de la marcha del nuevo régimen. Desde los  primeros tiempos pudo advertirse en el Congreso y en la Administración, una discrepancia ostensible entre las tendencias políticas del APRA y las ideas de mi programa. Apelo para demostrarlo a los datos que nuestra reciente historia ha recogido, tanto en la vida parlamentaria como en las actitudes del Partido para con el Gobierno.  Se hizo notoria en las Cámaras la intolerancia de su lado contra los miembros del otro. Barras disciplinadas bajo consigna previa cohibieron la libertad de opinión y de actitud de las minorías. Leyes inspiradas en un criterio cerradamente partidarista o personal y en una tendencia económica más que evolutiva, revolucionaria, llevaron al Parlamento un ambiente inquietante de unilateralismo y premura.  Se puso de manifiesto una marcada tendencia aprista a cercenar los poderes del Ejecutivo, y a privarlo de funciones esenciales como la del veto, pese a que su forma de veto relativo o simple derecho de observaciones no tenía más efecto que garantizar la mayor meditación de las leyes sin afectar las prerrogativas decisorias del Parlamento.

Fue puesto de lado el derecho constitucional del Gobierno de proponer al Congreso los ascensos para las altas clases militares, otorgándose varios de éstos a iniciativa del APRA, por acto propio del Congreso,  con omisión de la propuesta gubernamental. Se censuró ministros que apenas habían tenido tiempo de hacerse cargo de sus carteras. El Presupuesto sufrió recortes y adiciones inusitados; y hubo excesos en  las atribuciones y fines de las comisiones parlamentarias de investigación.

Simultáneamente, la ciudad fue escenario de manifestaciones inequívocas del afán de imponer en la calle la hegemonía del Partido a base de intimidación o de intolerancia exclusivista.

No alcanzó resultado mi propósito de  aliviar estas tensiones mediante la incorporación a mi segundo Gabinete de  tres ministros del APRA, en la esperanza de que su contacto con los problemas del Gobierno y la visión directa de las dificultades del mando morigeraría las vehemencias del Partido y haría factible una útil colaboración.

Desde entonces acá, el fenómeno se ha ido extendiendo y agudizando. En la Administración, se multiplicó el ingreso de funcionarios y empleados de filiación aprista que llevaron a las oficinas públicas la militancia política y que cumplían dentro de ellas las órdenes del Partido. Antiguos empleados públicos fueron amenazados de expulsión si  no se inscribían en los  registros partidarios. El trámite de los asuntos administrativos llegó a ser confiado en algunos ministerios al dictamen y resolución  de los burós apristas, que incluso funcionaron en los locales ministeriales, con prescindencia y desmedro de los directores y altos funcionarios. Hombres claves del Partido fueron colocados al frente de importantes reparticiones.  Se organizaba así una especie de Poder clandestino dentro del Poder Administrativo. Se prodigó el uso de vehículos de ciertos ministerios en comisiones políticas dentro y fuera de Lima. El favor político comenzó a dispensarse en forma de facilidades y objetables privilegios; y paralelamente funcionaba el “boicot” contra quienes, dentro o fuera, no participaban del criterio del grupo. En las elecciones complementarias se comprobaron casos de funcionarios que asumieron directa intervención en los comicios, ya facilitando vehículos oficiales para la movilización de votantes, ya adoptando actitudes reñidas con la imparcialidad a que  los obligaba la naturaleza de sus cargos. Las células  funcionaban en el ramo de Correos y Telégrafos, y utilizaron clandestinamente los servicios de comunicaciones para fines políticos. El Partido propició por la primera vez en varias dependencias administrativas y fiscalizadas la formación de sindicatos subversivos y los intentos de huelgas de empleados públicos.  Los afiliados acuotaban y acuotan todavía un porcentaje de sus sueldos de empleados públicos para los gastos del Partido. En la administración  departamental y provincial, autoridades políticas apristas, con evidente deslealtad para con el Gobierno a quien representaban, actuaron en la función pública como personeros de su Partido y no como guardianas del interés general.  Los estanquillos de abastecimientos constituyeron un privilegio poco menos que exclusivo de los afiliados al APRA, quienes disfrutaron ampliamente del  crédito del Estado. Los restaurantes populares facilitaron también al crédito, con la ayuda de empleados inescrupulosos, servicios de orden político. Y otras irregularidades análogas pudieron advertirse en distintos ramos de la Administración.

Simultáneamente se acentuaron en otros aspectos de la vida del país alarmantes indicios del empeño hegemónico del Partido. Las escuelas y colegios se convirtieron en centros  de nocivas actividades políticas, con células, centros federados y comités de propaganda y disciplina apristas, que llevaban a las aulas la organización del Partido, distraían a los educandos de sus estudios, fomentaban divisiones entre ellos y envenenaban sus almas con prematuras inquietudes y prejuicios odiosos. Se atraía a los estudiantes a las manifestaciones callejeras; y se  convocaba por periódico a reuniones sectoriales extraescolares de las organizaciones juveniles. Disturbios de raíz política inquietaron varios planteles del país.

Muchos maestros apristas, por su parte, cayeron también en esta inexplicable desviación de su noble cometido, actuando cada vez con menos embozo en menesteres políticos, tomando parte en  faenas electorales, arrastrando en ocasiones a sus alumnos a manifestaciones públicas reservadas por su naturaleza a los ciudadanos en ejercicio e imponiendo su tendencia partidarista en las asociaciones magisteriales.

El Partido tomó posiciones en las directivas de los sindicatos obreros, llevando hasta ellos la lucha política y apartándolos de su genuina finalidad de defensores de los intereses gremiales.

Se fomentó, asimismo, en algunos lugares de la sierra, la agitación indígena con caracteres sediciosos.

Muchas Juntas Transitorias Municipales, políticamente conformadas desde 1945 con elementos de mayoría aprista, por obra de circunstancias del momento de todos conocidas, hicieron política unilateral y extremosa, descuidando no pocas de ellas la necesidades locales y dando a los fondos comunales dudosas inversiones que en la  actualidad son objeto de amplia investigación.

No paró en esto la labor de penetración del Partido en los diversos sectores sociales. También los Institutos Armados fueron un objetivo de sus intentos de captación; y se buscó la forma de atraerlos con leyes demagógicas y propaganda tendiente a mellar su disciplina.

Toda esta acción ha sido dirigida desde el Comité Central del Partido dentro de un régimen de rígida organización vertical en que unos pocos hombres imponen implacablemente sus directivas a  la masa de afiliados, los cuales carecen de poder deliberante y cuya obediencia se exige a base de severos controles internos y de sanciones disciplinarias que eliminan el ejercicio de la personalidad individual y el derecho de libre determinación.

Nadie podrá explicarse jamás racionalmente para qué se ha hecho todo esto, cuando por medios sensatos y pacíficos un Partido organizado, en el que mucha gente puso de buena fe sus esperanzas, podía con el consentimiento de todo el país y con el  aplauso general, hacer una  labor de provecho y de adelanto para la nación.

El análisis sereno de este cuadro lleva a dos conclusiones:

1ª Que no soy yo quien se ha apartado de la línea democrática y de prudente convivencia que tracé a la ciudadanía al asumir mi candidatura, sino que es el Partido Aprista quien ha violado esa línea pretendiendo someter el país a su férula unilateral y exclusiva.

2° Que nos hallamos en el Perú frente a un propósito no disimulado de implantación de un Partido Único de organización vertical que, pese a su propaganda local y en el exterior, dista mucho en sus procedimientos de ser verdaderamente democrático, pues tiene en su constitución interna todas las características de una dictadura y en su acción política sobre el país aspira a  una dominación integral de fuerza, basada en la disciplina de la obediencia y en la consigna. No es ésta una afirmación aventurada o injusta. Ella está comprobada con el texto de los Estatutos del Partido; y con la organización varias veces publicada de sus comandos, células, burós, comités de defensa y sectorales y brigadas de choque.

Si se pensó que llegado al poder podría yo convertirme en instrumento ciego de una determinada tendencia, hubo imperdonable error, puesto que sin lugar a dudas anuncié anteladamente que si el país me confiriese la Presidencia de la República procuraría ceñirme en el ejercicio de la  función a la norma de no aceptar consigna política ni compromiso que constriñesen la libertad de mi criterio o de mi conciencia o que pudieran resultar incompatibles con el interés general del Estado.

 ha pretendido que debería gobernar con uno u otro partido, pero se olvida que, como ya lo han dicho grandes profesores de Derecho Constitucional, es para el pueblo y con el pueblo que se debe gobernar, que la opinión pública es el alma y la conciencia de la nación, que el pueblo es una realidad, una fuerza, un movimiento, que no se deja encerrar ni limitar en los moldes de un partido, porque está por detrás y por encima de él; y que, en fin, no me corresponde la sumisión unilateral sino la obra para todos. Soy Presidente del Perú y no para un partido o para un grupo.

Frente a esta realidad, adquirí la  convicción de que mi Gobierno debía restablecer el verdadero significado del régimen iniciado en 1945 y moderar las extralimitaciones en que el Partido Aprista estaba incurriendo, así como la reacción que su actitud provocaba en otros sectores políticos. En repetidos mensajes dirigidos al país he llamado a las gentes a la cordura, sin escatimar esfuerzo por abrir sagazmente oportunidades a una saludable rectificación, aun a riesgo de dar margen a la tacha de pusilanimidad, varias veces esgrimida en mi contra. Los dos últimos gabinetes que tan esforzadamente me han secundado, han significado una advertencia serena pero firme, de que el Gobierno estaba decidido a afirmar el respeto de la autoridad, el mantenimiento del orden y la convivencia sin temor. Nunca sabrá el país cuánto desvelo, cuánto vigor y cuánta prudencia y buena fe han puesto todos y cada uno de sus miembros para alcanzar estos objetivos. Desgraciadamente, la orientación política del APRA se ha hecho de más  en más agresiva y peligrosa. En la última época, ha acentuado sus ataques contra el Gobierno en lo económico, en lo social y en lo político, con evidente apasionamiento y ya con el claro designio de desquiciarlo. Su prensa ha adoptado una posición intolerablemente subversiva, que va mucho más allá de los límites de la legítima libertad de imprenta, envenenando el alma del pueblo a propósito de nuestros problemas alimenticios  ─que no son, por cierto, sólo peruanos, sino mundiales─, sembrando rencores, incitando irresponsablemente a la asonada, amenazando con actos de sangre, manchando reputaciones y tratando por artes vedadas de restar autoridad moral a los hombres que tienen en sus manos la conducción del país. A propósito del crimen Graña, en cuya investigación el Ejecutivo no ha tenido otra mira que la de actuar firme pero austeramente para descubrir a los culpables y entregarlos a la sanción del Poder Judicial, el Partido ha hecho blanco a la Policía y al Ministerio del ramo de injustas y malévolas imputaciones; cuando la ética le señalaba una posición de apartamiento del proceso, a fin de que los jueces pudieran apreciar con absoluta libertad de espíritu los cargos resultantes contra los afiliados apristas comprendidos en el enjuiciamiento. Una huelga política y artificiosa, que debía culminar en un paro general de carácter subversivo con ramificaciones en diversos lugares de la República, puso en el caso al Gobierno de dictar un  decreto de suspensión de garantías. Frustrado así el intento, sobrevino más tarde la huelga estudiantil de Guadalupe, también movida por las células de la Juventud Aprista; y en esa nueva oportunidad la desgraciada muerte de un estudiante fue explotada en forma innoble contra el Ejecutivo, que era el primero en lamentar ese suceso, a fin de echarle encima la aversión del  alumnado. Las estaciones de radio del Partido multiplican sus ataques, en  tono ya francamente irrespetuoso y subversivo.  La conspiración, hasta hace poco cauta e informe, va cobrando caracteres concretos y graves. Los cuarteles fueron en meses atrás campo de torvas maquinaciones.  Volantes incendiarios, de probado origen aprista, circulaban entre las clases y la tropa  incitando a la rebelión y haciendo al soldado falaces promesas.  Agitadores  sociales actúan en la capital y se movilizan desde Lima a diversos centros de trabajo de la República para soliviantar a la clase obrera; y en discursos demagógicos incitan a colgar a los “reaccionarios” de los postes del alumbrado. El símbolo de la horca es paseado en las calles. Utilizando el pretexto de la actual crisis de subsistencias, corifeos locales de filiación aprista han movido en Cerro de Pasco los instintos primitivos de la masa del pueblo, que de suyo no es mala pero si influenciable, y acaban de producir en la persona del  representante de la autoridad un atentado vergonzoso y gravísimo, cuya monstruosidad no podría ser jamás justificada por ningún alegato. Este luctuoso acontecimiento y los preparativos de otras actividades de fuerza que la incitación aprista comienza a desarrollar en diversos lugares de la República y  de las cuales están suficientemente enteradas las autoridades, revelan que lo que en realidad trata de ponerse en práctica es un plan general de provocación al Gobierno, para determinar en éste represiones drásticas que pueden más tarde dar apariencia de justificación a reacciones populares violentas y al sambenito de tiránico con que se pretende desprestigiar a este régimen. El juego es burdo, pero también muy grave y peligroso; y debo por eso denunciarlo. Es preciso que quede muy claramente sentado que mientras la conducta de la ciudadanía se ciña a las normas de la ley y del respecto al orden, nada tendrá que temer de la acción gubernativa; pero que ésta perseguirá severamente toda incitación malsana al desorden o al delito y toda actitud que secunde esa política funesta.

Como natural corolario de la campaña que llevo descrita, el temor se apodera del ánimo de las gentes, la entereza moral flaquea, el libre  ejercicio de la función pública se siente coactado, la indisciplina social se acentúa, el trabajo acusa menores rendimientos, y se pone  en peligro la permanencia de las instituciones.  La gran masa de nuestro pueblo, que es sencillo, pacífico y sinceramente democrático, siente ya el cansancio de esta vida de permanente agitación, amenaza y angustia que lleva desde hace cerca de tres años, repudia la psicología y los métodos  del aprismo y se  pregunta cuándo va a normalizarse el país dentro de su cauce natural de convivencia armónica y de respeto a las libertades.  Hay, incluso, muchos militantes del APRA que íntima y honradamente discrepan de la orientación de su Partido y sienten recortada su personalidad por las normas de férrea disciplina y de sometimiento a consigna que en él imperan; pero que no se atreven a enunciar su opinión por temor a las sanciones de los comités disciplinarios.

El Estado haría mal en mostrarse indiferente ante estos ya palpables síntomas de descomposición social. Está en el deber de velar por el mantenimiento de la autoridad, las garantías y el orden. Un Gobierno legítimamente constituido no puede ni debe abandonarse a la inacción cuando ve y sabe que en una o en otra forma, por la propaganda o por la conspiración, se trabaja en un vasto plan de subversión política y social. Como depositario del mandato del pueblo, que es toda la ciudadanía y no un partido solamente, le está vedado permitir la burla de ese mandato por un acto irresponsable de detentación del poder. Por la senda en que ha entrado nuestra política, se llega a la revolución; y la revolución, aparte de los daños intrínsecos que hoy causaría al Perú y del desprestigio que acarrea en el exterior, significa un atraso de veinte años en la marcha progresiva del país.  Forzoso  es prevenir semejante mal antes que remediarlo a posteriori. Mi Gabinete saliente ha llenado a conciencia su misión de representar un nuevo esfuerzo del Gobierno por mover a la cordura a los extraviados, sin perjuicio de llamarlos severamente al orden. No ha habido nunca en los ministros dimisionarios la menor debilidad ni regateos de firmeza; y sus decisiones de orden político  han sido adoptadas con uniformidad de criterio y solidaridad en la acción. Esa fase está concluida y las circunstancias señalan la necesidad de configurar una nueva. He constituido para ello un Gabinete militar, cuyo significado deseo exponer nítidamente, por lo mismo que la propaganda  del APRA en el extranjero, desde el advenimiento del último Ministerio mixto, viene señalando la presencia en el Gobierno de miembros de los Institutos Armados como signo de una incipiente dictadura. La verdad es muy otra. Frente a la grave situación general que he descrito, en  un país sin partidos tradicionales múltiples que canalicen la opinión de la ciudadanía y dentro de mi condición de hombre que no pertenece a ningún partido y que se ha marcado una línea de Gobierno para todos, mal podría instalar en este momento un Gabinete civil con hombres de algún otro grupo político antagonista del APRA, porque ello mermaría mi libertad de acción y mi amplitud de propósitos, y porque, atenta la beligerancia política existente, la formación de  un Gabinete de grupo representaría una bandera de nueva luchas y discordias, cuando lo que reclama el país es el sofrenamiento de las pasiones y la imposición del buen sentido. Dadas las características de esta hora, requiérese un Gobierno cuyos hombres estén al margen y por encima del turbión político, cuyas tradiciones del honor eliminen la amenaza de toda represión menguada e injusta, cuya escuela de energía asegure la imposición del orden público y cuyo deber institucional les haga ver en la defensa de la permanencia y grandeza de la patria la norma suprema de sus acciones. Todos estos atributos corresponden precisamente a las Fuerzas Armadas, y en este sentido, pienso que nuestro país puede legítimamente enorgullecerse en la presente oportunidad de la forma como vienen al Gobierno los elementos representativos de esas Fuerzas. Vienen, no por torcidos caminos, sino a requerimiento del jefe del Estado para compartir con él una de las responsabilidades típicas de su instituto: la tutela de las garantías sociales, del respeto al principio de autoridad y  de las instituciones esenciales del Estado, vale decir, la preservación y  defensa de la democracia en el Perú.

Nada más ajeno, por consiguiente, al espíritu del Gabinete iniciado ayer que un propósito de dictadura totalitaria. Su misión es más bien restablecer, con la entereza que las circunstancia demanden, las condiciones de convivencia libre, pero honesta y respetuosa, de la persona y la opinión ajenas que caracterizan al régimen democrático. Es un error identificar la acción militar con la fuerza bruta y deducir de allí que un Gobierno en que intervienen militares será un Gobierno de drasticismo y de violencia. El Ejército es una fuerza racionalizada y consciente, que no procede bajo el acicate de impulsos primitivos o ciegos, sino por el contrario, bajo la influencia de la meditación  y del planeamiento sereno. Nadie ha tildado de antidemócrata al Gobierno de los Estados Unidos por la designación del general Marshall  para la Secretaría de Estado; y el general Mac Arthur realiza con unánime aplauso la democratización del Japón.

Precisa no confundir la fuerza bruta con la firmeza. Firmes son, eso sí, los Institutos Armados para cortar el abuso, castigar el crimen y prevenir la anarquía; y, en este sentido, depende exclusivamente de los instigadores políticos no insistir en actitudes desorbitadas que demanden una inflexible y justa represión. Nada de esto va a en contra de la democracia, vocablo del cual viene abusándose a menudo para engañar incautos.  La verdadera democracia no está en las formas o en los trajes,  sino en el espíritu; y al espíritu democrático le son connaturales la obediencia a la ley, la igualdad de oportunidades, la libertad limitada por el respeto a los demás, la ausencia de coacción, el acatamiento de la autoridad y la proscripción del desorden.

Otro importante significado tiene la instauración del nuevo Gabinete. El Ejército es, por su índole misma, una institución nacionalista, como nacionalistas y peruanas fueron las bases en que apoyé mi plataforma electoral. Nada más extraño, pues, a la historia y a la realidad de los  Institutos Armados que cualquier contubernio con tendencias internacionalizantes en cuyo solo enunciado se contiene una negación de la patria. Mal podrá, pues, prosperar la calumniosa imputación que últimamente se ha hecho a mi Gobierno de albergar inconfesables simpatías hacia el comunismo internacional. En más de una ocasión he declarado ya enfáticamente que el Ejecutivo está alerta contra esta clase de infiltraciones foráneas que, según frase reciente de un destacado publicista, atentan contra la personalidad del Estado y mellan su soberanía. Lo que ocurre es, sencillamente, que nos  hallamos en presencia de un nuevo recurso político del APRA para, a base de su campaña anticomunista, ganarse la simpatía continental y difundir recelos contra el Gobierno cuya subsistencia estorba sus planes. Por fortuna, la sensatez de los países extranjeros habrá de permitirles, mediante sus propios medios, formarse un concepto exacto de la verdad.

Se ha pretendido sacar partido, para divulgar aquella falsa especie, de la actitud del Gobierno al impedir que se  constituya en Lima la sede de la Confederación Interamericana de Trabajadores surgida del Congreso Obrero celebrado hace poco en esta capital con fines anticomunistas. La medida dictada por el Gobierno no obedeció a razones  de ideología, sino de decoro y de tranquilidad nacionales.  La reunión de ese Congreso, que en principio no habría merecido reparo alguno de nuestra parte, fue vista con desconfianza en cuanto a la designación del lugar de su realización, porque, pese a enfáticas declaraciones sobre su carácter apolítico, conocía el Gobierno que, empeñado el Partido Aprista en su organización directiva, habría de utilizar la circunstancia para explotarla políticamente a favor de  sus fines. La presunción no resultó infundada, y líderes extranjeros vinculados al APRA  se permitieron inferir al Gobierno del país de que eran huéspedes groseros agravios en sus discursos.

Y así como la designación de Lima como punto de reunión del Congreso no fue siquiera comunicada por cortesía a las autoridades peruanas, tampoco lo fue el propósito de elección de la ciudad  como sede permanente de la nueva Confederación. El bochornoso ejemplo de lo ocurrido con el Congreso impedía al Gobierno autorizar que en ocasiones ulteriores, so pretexto del funcionamiento de los Comités de la Confederación, bajo la inspiración de un partido político atrincherado detrás de los sindicatos, volviera a vulnerarse en nuestra propia tierra el decoro nacional, aprovecharse a mansalva del reducto de una institución continental respetable e intangible, para maniobras de política interna.

La intervención de las Fuerzas Armadas en el Gabinete despejará, finalmente, la tercera y última acusación que el desenfreno de la prensa aprista está arrojando contra el Gobierno para incitar a los lectores incautos de su público al descontento y la protesta. Me refiero a la imputada colusión del Ejecutivo con los elementos llamados “reaccionarios” de la derecha para favorecer los grandes intereses de éstos en forma de hacer “más rico al rico y más pobre al pobre”; esto es, menospreciando los  derechos fundamentales del pueblo y defraudando las promesas de justicia social hecha por el régimen que presido.

Nada es menos exacto; y si hay quienes sienten en carne propia las angustias de nuestras clases necesitadas y quienes alientan el deseo obsesionante de remediarlas al máximum de los  posible,  nos contamos entre ellos yo y los hombres que me han acompañado en el Gobierno. Lo que desgraciadamente callan y ocultan los detractores es que pocas veces ha atravesado el Perú una época más difícil económica y fiscalmente hablando; que hasta la naturaleza nos ha dado sorpresas duras que han reducido las fuentes de subsistencias; que en muchos lugares los municipios apristas han saboteado la buena distribución y el control de precios de  los artículos alimenticios; y que la preocupación política ha retrasado lastimosamente y sin culpa del Gobierno la obra constructiva y social de este régimen y ha desmedrado los rendimientos de la producción y del trabajo. Por lo que hace al favor que se dice dispensado a las derechas representativas del capital, puedo asegurar que jamás los actos administrativos de mi Gobierno se han  inspirado en ese criterio, sino en el propósito de discernir justicia escueta previo estudio de cada asunto, acogiendo unas veces y rechazando otras las demandas que le han sido sometidas, sea en el ramo de Hacienda,  sea en el de Agricultura o en el de Trabajo. De esta posición independiente del  Gobierno hay una prueba irrefutable: la reiterada y ruda campaña que tanto en materias políticas como económicas y de otros órdenes ha soportado y soporta el Ejecutivo de parte de los sectores apellidados “de la reacción”. El Gobierno, fiel a su línea, seguirá a pesar de todo manteniendo su imparcialidad de juicio y su esperanza de que al fin y al cabo la comprensión se abrirá paso y, sin perjuicio de hacerle la crítica de sus posibles errores, se le prestará una sincera colaboración, para, de acuerdo con los imperativos  de la época, afirmar el proceso evolutivo de la justicia social y levantar el nivel moral y material de nuestros pueblos.

He hablado en este Mensaje cumpliendo un imperativo de conciencia, sin dar asidero en mi espíritu a pasiones subalternas ni a prejuicios ligeros, lleno de convicción sobre la verdad de lo que he dicho y presa de la amargura de tener que poner de manifiesto, en fuerza de la  gravedad de la situación, muchas cosas que por un sentimiento de recato nacional hubiera sido preferible guardar dentro de la propia casa. Mi exposición demostrará que nos hallamos en un momento de muy aguda emergencia para la nacionalidad, y que el peligro sólo puede evitarse mediante una movilización general de todas las fuerzas sanas del país, en fervorosa convergencia hacia el restablecimiento de los principios fundamentales en que reposa  la vida de la República. Necesitamos hoy más que nunca la unión de todos los peruanos de buena fe para conservarle a la nación su genuina y profunda raigambre democrática. Es indispensable para ello que todos los elementos de orden se agrupen, olvidando rencillas y pasiones, para trabajar juntos al servicio de la patria. Una decisión en este sentido requiere, indudablemente, mucho desprendimiento, mucho amor a la propia tierra y mucha fe en el porvenir; pero nuestro pueblo es bueno y estoy seguro de que la gran mayoría de los peruanos no sólo está dispuesta, sino que ansía, emprender esta obra de restauración nacional.

Por mi parte, formulo con este fin  un llamamiento a toda la gente bien intencionada del país,  tanto a los que lealmente han trabajado conmigo y confiado en las directivas de mi Gobierno, como a los que por una u otra causa me han combatido. Confío también en que muchos ciudadanos afiliados de buena fe al Partido Aprista, mediten el problema que éste ha planteado al país y vayan a una honesta y radical rectificación. Y reitero, por último, la decisión de mi Gobierno de defender, por encima  del juego de la pasión política, los principios del orden público y de la estabilidad constitucional.

MENSAJE DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERÚ,

DOCTOR JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,

ANTE EL CONGRESO NACIONAL, EL 28 DE JULIO DE 1947

SUMARIO

PARTE I

Introducción

Relaciones entre Poderes

Legislación

Gabinete

Política gubernamental

Política económica y financiera

Política hacendaria: Presupuesto

Política social

Política educacional

Política de defensa

Política internacional

PARTE II

Labor de la Administración Pública

Relaciones Exteriores y Culto

Gobierno y Policía

Justicia y Trabajo

Defensa Nacional

Hacienda y Comercio

Fomento y Obras Públicas

Educación Pública

Salud Pública y Asistencial Social

Agricultura y Ganadería

INTRODUCCIÓN

Señores Representantes:

Cumpliendo una prescripción de nuestra Carta Política, tócame exponer al Congreso Nacional la labor realizada por el Gobierno que presido  durante el segundo año de ejercicio de mi mandato, así como las ideas que le ha sugerido el estudio de nuestra realidad administrativa.

El Mensaje que presento está dividido en dos partes: la una general, en la que expongo, debidamente sintetizada, la política seguida por el Gobierno respecto de las grandes cuestiones del país.  En la segunda parte consignaré, en capítulos referidos a cada Ministerio, el detalle minucioso de la gestión desarrollada por las diversas reparticiones gubernativas.

Acaso peque de extenso este documento.  Sus dimensiones se explican, sin embargo, teniendo en cuenta que es tal el cúmulo de asuntos encomendados a la acción del Ejecutivo, y tan copiosa y múltiple la tarea que éste ha debido desenvolver durante el último año, que mi empeñoso esfuerzo de síntesis no ha logrado limitar a más reducidos términos el relato de la obra cumplida.

Mi presencia en este Parlamento, al cual dirijo en el memorable aniversario de hoy mi deferente saludo, me da la  oportunidad de leer los pasajes más salientes de la primera parte del Mensaje. Dejo en manos de los señores Legisladores la totalidad de su texto, que queda sometida a su ulterior y reposado estudio.

RELACIONES ENTRE LOS PODERES

Las relaciones oficiales entre el Ejecutivo y los demás Poderes del Estado se han desenvuelto normalmente.

PODER LEGISLATIVO

De acuerdo con la prescripción contendida en el artículo 128 de la Constitución, el Presidente de la epública ha promulgado 202 leyes, de las 247 expedidas por el Congreso en la Legislatura Ordinaria y en las Extraordinarias del último año.

Ha ejercitado el derecho de observaciones respecto de unas pocas leyes, sea por estimarlas opuesta a prescripciones constitucionales o por encontrar graves inconvenientes para su aplicación.

En otros casos, bastante numerosos,  se ha abstenido de promulgar ciertas leyes, que si bien no contradecían disposiciones de nuestra Carta, entrañaban tendencias contrarias a la política general del Gobierno o graves dificultades prácticas dignas de consideración. En estos casos, el Gobierno ha cuidado de remitir a las Cámaras oficios explicativos en los que puntualizaba los motivos de la no promulgación, no sólo para el efecto de deslindar responsabilidades, sino para dar oportunidad a que el Congreso, apreciando esos motivos, estuviera en condiciones de estudiar proyectos sustitutorios o modificatorios destinados a enmendar las normas adoptadas.

Proyectos técnicos

Experiencias recogidas durante el último año ponen en evidencia la necesidad de que en todos los proyectos de ley  que entrañen cuestiones técnicas, especialmente cuando éstas se vinculan con organismos dependientes del Poder Ejecutivo, se establezca el trámite previo de la petición del informe al Gobierno. Esta necesidad se hace más patente cuando se trata de proyectos vinculados con la organización de los Institutos Armados, cuyas orientaciones profesionales deben ser guía indispensable para que la legislación en materias militares esté en consonancia con los adelantos y con el régimen disciplinario peculiares de estas instituciones. Otro tanto podría decirse de los proyectos sobre temas camineros, educacionales,  sanitarios, hacendarios o financieros, etc. En leyes de tal índole predomina el carácter científico sobre el político; y, por consiguiente, las innovaciones legislativas deben ser muy cautas y bien fundamentadas. Las reformas inspiradas en simples consideraciones de oportunidad política pueden crear serios  problemas y restar eficacia a los organismos especializados.

Ley de Presupuesto

La mención de este tema me lleva necesariamente a tratar del proceso anual de aprobación de la Ley de Presupuesto. Un mayor contacto se hace indispensable durante ese  proceso entre los miembros de las respectivas comisiones parlamentarias y los funcionarios del Poder Ejecutivo; y precisa también una más amplia discusión en los pliegos presupuestales en el seno de ambas Cámaras. De lo contrario, es inminente el peligro de llegar a la sanción de Presupuestos fundamentalmente alejados de los proyectos remitidos por el Gobierno; y de producir en las sesiones camerales pronunciamientos precipitados en que los señores Representantes carecen del tiempo suficiente para examinar en detalle los dictámenes de las comisiones, los cuales, en definitiva, son los que determinan las nuevas pautas reguladoras de cada ejercicio fiscal.

Quiero explicarme más claramente. Si, conforme al inciso 9° del artículo 154 de la Constitución, corresponde al Poder Ejecutivo administrar la Hacienda Pública; y si el desempeño diario de esa administración pone al Gobierno en aptitud de apreciar minuciosamente las necesidades del país en general y de las oficinas del Estado en particular; hay que suponer que el proyecto de Presupuesto que anualmente envía el  Ejecutivo al Congreso ha tratado de traducir lo más fielmente posible  esas exigencias que nadie mejor que él conoce en sus aspectos de detalle. Por otro lado, si el Gobierno tiene sobre sí la responsabilidad de la buena marcha de la Administración Pública, es justo que le sean otorgados los medios materiales indispensables para el eficiente lleno de ese cometido.

El proyecto de Presupuesto representa, pues, la demanda de recursos que en cada año formula el Ejecutivo al Congreso para realizar los planes de trabajo previstos ya por leyes anteriores o concebidas por el propio Gobierno y para contar con una planta de funcionarios y empleados suficiente para cumplir las funciones administrativas y técnicas propias de su misión.

Es indudable que los proyectos de Presupuesto remitidos por el Ejecutivo pueden adolecer de imperfecciones,  de defectos o de orientaciones equivocadas; y precisamente por eso el artículo 12 de la Ley N° 4598 otorga a las comisiones parlamentarias respectivas la facultad de proponer en sus dictámenes reformas a esos proyectos conservando el equilibrio presupuestal; pero es obvio también que la labor de esas comisiones debe desarrollarse en constante y reposado consorcio con los Ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo que elaboraron los proyectos, a fin de que los señores Representantes miembros de las comisiones puedan compenetrarse de los motivos inspiradores de la inclusión y monto de cada partida, de las reformas introducidas en la planta orgánica de tal o cual Ministerio y de la razón de ser de las previsiones acordadas a ciertas obras; todo ello con el objeto de emitir con suficientes elementos de juicio su ilustrado dictamen.  Se evitarían así modificaciones defectuosas y casos  lamentables y hasta dolorosos que recientemente se han dado en esta materia; tales como el cálculo irreal de ciertas rentas del pliego de ingresos;  la supresión de plazas necesarias, a veces desempeñadas por antiguos y meritorios empleados, que quedan cesantes, la adición de otras superfluas, el cambio de categoría de empleos cuya dotación excede a su importancia, la exigencia de título profesional para ciertos cargos que en realidad  no lo demandan y que estaban antes desempeñados por funcionarios de experiencia, aunque no titulados, la omisión de subsidios indispensables, el     recortamiento de partidas destinadas a obras que exigen mayor provisión de fondos, la agregación de ítems nuevos para otras obras no estrictamente indispensables, etc.

Otro desideratum digno de lograrse es el de la ampliación del tiempo destinado a la discusión pública del Presupuesto en cada una de las Cámaras, después ya de emitidos los dictámenes de las comisiones. Reducida esa discusión al espacio de unas pocas sesiones, resulta ilusorio querer abarcar en ellas un debate prolijo de los pliegos; y los Ministros del Poder Ejecutivo que concurren a ese  debate se ven en la material imposibilidad  de defender integralmente los puntos de vista del Gobierno, llegándose muchas veces a transacciones apresuradas que no responden a un criterio técnico ni práctico.

Leyes especiales

Debo formular una objeción importante al sistema establecido en la Ley de Presupuesto de 1947, por el cual se destina los saldos de las leyes especiales a atender gastos generales del ejercicio económico.

Este sistema ha desvirtuado la finalidad inspiradora de esas leyes, que no fue otra que dedicar a determinadas obras o servicios públicos la totalidad de las rentas creadas por ellas. Estabilizándose, como se ha hecho, en una cifra invariable, referida al año 1946, las sumas susceptibles de invertirse en el fin privativo de cada ley especial, se restringe la posibilidad de realización de las obras dedicadas a ese fin; se prolonga, por consiguiente, el tiempo necesario para dar remate a dichas obras, privándolas del atributo precioso de la oportunidad; y, sobre todo,  se desvía la aplicación de los recursos a objetos distintos de aquel para el que fueron creados, sumiéndolos en el depósito común destinado a alimentar anónimamente los gastos ordinarios del Presupuesto.

Lo que confería dinamismo y eficacia a las leyes especiales era su mecanismo anterior, mediante el cual los saldos anuales de cada ley eran transferidos a una cuenta propia, en  la que iban acumulándose para servir intangiblemente los fines de cada una de  esas leyes. De este modo se han realizado obras y se han cumplido servicios que de otro modo no habrían podido disponer de recursos suficientes. Durante el presente año el Gobierno viene tropezando con graves dificultades por la falta de fondos para atender servicios especiales cuyo costo ha  superado el previsto para 1946. La necesidad  técnica de contabilizar en el Presupuesto los ingresos y gastos de las leyes de esta índole quedaba cubierta con la formulación de las cuentas especiales anexas al Presupuesto  mismo, pero siempre balanceadas independientemente a fin de no entremezclar los dineros de esas cuentas con los del Presupuesto ordinario, Pienso que es imperativo volver a ese sistema, buscando en otras fuentes los diez millones de soles que en el Presupuesto actual se ha sustraído del fondo de leyes especiales para dedicarlos a cubrir egresos ordinarios. Me permito someter a la consideración del Congreso el estudio de este importante problema.

Organismos públicos que exigen un régimen de contabilidad especial

El creciente desarrollo de algunos organismos del Estado y las exigencias de su propia naturaleza asimilada a la de las empresas comerciales, exige dar en ciertos casos a la Ley de Presupuesto una mejor flexibilidad, en forma que permita a esos organismos funcionar dentro de una técnica más comercial que administrativa, superando las vallas que hoy les oponen  algunas de las prescripciones de las leyes hacendarias.  Existen ya entidades fiscales tales como Transportes Aéreos Militares, el Dique Seco y Arsenal Naval, los Talleres de Arte Manual, dependientes del Ministerio de Fomento, los Talleres de la Penitenciaría, los Restoranes Populares, etc., que no pueden, sin poner en peligro su propia existencia o sin verse condenados a un ritmo de vida anémico y lento, continuar sometidos a las rígidas normas administrativas de la Ley Presupuestal, según las cuales todos  sus ingresos deben ser remitidos al Tesoro y todos sus gastos ser materia de resoluciones supremas autoritativas o de libramientos periódicos. De acuerdo con el sentido de la vida moderna estas entidades, a semejanza de las corporaciones semi-autónomas, necesitan moverse con mayor libertad y administrar por sí mismas sus ingresos y egresos, bajo severo control fiscal, remitiendo al Tesoro únicamente los saldos de su explotación. Es urgente encarar, dentro de este criterio, una modificación de las normas vigentes; y el Poder Ejecutivo se propone remitir al Congreso el correspondiente proyecto de ley.

PODER JUDICIAL

En lo que se refiere al Poder Judicial, cuya alta función reguladora de los derechos de la colectividad parece ocioso encarecer, considero indispensable expresar mi juicio acerca de dos de sus principales necesidades en el Perú: la de garantizar su independencia y la de darle el decoro material exigido por la investidura de sus miembros.

Independencia

La recta administración de justicia depende, en buena parte, de la independencia moral de quienes la disciernen. Deben, por eso, los jueces, en su nombramiento y en su actuación,  hallarse al margen de las influencias políticas, de las presiones de la  autoridad y aún de los compromisos y obligaciones que impone la  vida de relación. Para eso es menester que las designaciones judiciales sean ajenas a la intervención de los otros Poderes o estén adecuadamente controladas por ellos. De lo contrario, el magistrado que aspira a una promoción se ve forzadamente situado en condición de merecer y sufre un inevitable, inmerecido y perjudicial recortamiento de su personalidad, que, en la práctica de su función, puede traducirse en peligroso desmedro de su libertad de criterio.

Emolumentos

Íntimamente vinculado a este problema está el punto relativo a la dotación de los puestos judiciales. Los emolumentos de los jueces deben ser tales que les garanticen una subsistencia independiente y decorosa. Hasta hoy no ha sido posible lograr este ajuste, pues la  escala de sueldos vigente dista mucho de corresponder al rango de la magistratura. La desproporción es aún más saltante en lo que se refiere a ciertos auxiliares de la administración de justicia, como ocurre en el ramo de Prisiones, en el que rigen sueldos de miseria. El Poder Ejecutivo propició el año pasado una elevación de haberes en el servicio judicial, que sólo pudo ser acogida en parte por el Parlamento. El problema sigue, pues, en pie y merece muy seria atención.

Vivienda del magistrado

Recientemente la Corte Superior de Arequipa ha lanzado la iniciativa de crear una institución de previsión social para establecer la “Vivienda del magistrado”, a fin de asegurar a los funcionarios judiciales que culminan su carrera, tras una vida abnegada y trabajosa, la tranquilidad  de un decente retiro. El Gobierno estudia con simpatía esa sugestión y se propone concretarla  en un proyecto de ley.

PODER ELECTORAL

El Poder Electoral no ha merecido aún  del Estado toda la atención que su importantísima función demanda. Carece de local y de instalaciones materiales.

No está organizada su planta administrativa. Le faltan rentas fijas. Los fondos eventuales de que necesita disponer para los periodos electorales no han sido objeto de un estudio técnico de presupuesto y su monto se establece en cada caso a base de cálculos empíricos. La ley no ha contemplado en debida forma la independencia de sus miembros. Y, por último, carece de las garantías de seguridad indispensables para el  desempeño de su alto cometido, naturalmente expuesto a los embates de la pasión política. Tratándose de un organismo del cual depende, en definitiva, la pureza y el control del funcionamiento del mecanismo democrático del país, es indispensable que las deficiencias anotadas deben subsanarse preferente.

LEGISLACIÓN

Ardua es la obra legislativa que aún debe realizarse en el Perú. La tarea por cumplir puede concretarse en dos fórmulas: llenar los vacíos o salvar los defectos de la legislación actual; y  crear los nuevos instrumentos legales exigidos por el creciente desarrollo del país.

En lo que atañe a la Constitución, el Poder Ejecutivo enuncia, a título de ejemplos, algunas reformas urgentes.

Reformas constitucionales

Hace falta en nuestra Carta Política un precepto relativo a la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes, que en casi todos los países está encomendada al Poder Judicial. Deben modificarse los dispositivos referentes al sistema de ascensos militares en  los grados superiores a fin de que las promociones sean determinadas exclusivamente por un criterio técnico y moral, independientemente de toda influencia política. Es conveniente, así mismo, restablecer la vigencia de algunas  de las disposiciones sobre materias presupuestales y hacendarias contenidas en los artículos 6° y 12° de la derogada Ley Plebiscitaria N° 8929. Precisa, finalmente, consolidar en Segunda Legislatura la reforma del artículo 128, votada en setiembre de 1946, que consagra la vigencia del derecho de observaciones.

Proyectos de ley

El Poder Ejecutivo concede especial importancia a la dación de leyes nuevas que actualicen y hagan más flexibles las ya vigentes sobre funcionamiento de los Bancos Agrícola, Industrial e Hipotecario; que normen las relaciones entre el capital y el trabajo, el régimen integral de las  comunidades indígenas y la carrera del Servicio Civil; que establezcan el Estatuto Orgánico de las Municipalidades y planteen definitivamente el sistema  de las elecciones municipales; que provean a  la organización y funcionamiento del Consejo de Economía Nacional creado por el artículo 182 de la Constitución, den las pautas fundamentales para el establecimiento del régimen de participación de los empleados y trabajadores en los beneficios de las empresas previsto en el artículo 45 de la misma Carta Política y contemplen la creación de un organismo, corporación o banco nacional de crédito público, que sustituya el arcaico sistema vigente de pago de las  listas pasivas por una moderna Caja Nacional Autónoma de Pensiones; que regulen  y limiten el otorgamiento de pensiones de gracia, en el que han llegado a introducirse peligrosas corruptelas y laxitudes; que descentralicen prudentemente los servicios de los Ministerios del Poder Ejecutivo, separando en ellos la función técnica de la política mediante la creación de las secretarias o direcciones generales; que introduzcan medidas de previsión ante la creciente escasez de técnicos para los servicios públicos, prescribiendo la contratación obligatoria de los profesionales becados por el Estado durante un tiempo prudencial; y que amplíen el campo de las actuales leyes de previsión y justicia sociales, asegurando a los ciudadanos una mayor tranquilidad para el futuro frente de los riesgos inevitables del trabajo, de la edad, de la enfermedad y de la muerte.

La extensa obra por realizar en punto  a legislación está, naturalmente, condicionada en parte a las posibilidades de los recursos del Estado y a la potencia económica del capital nacional que debe colaborar en ella; por lo cual el proceso legislativo tiene que ser, a la fuerza, gradual o progresivo a fin de dar solidez y permanencia a las innovaciones.

Gabinete

El Gabinete presidido por el doctor don Julio Ernesto Portugal dimitió el 8 de enero del presente año. En vista de las circunstancias políticas del momento, tuve a bien aceptar esa renuncia,  dando las gracias a los Ministros dimisionarios por los servicios prestados a la nación.

El 12 de enero inició sus labores el  actual Gabinete, con la siguiente composición: contralmirante don José R. Alzamora, Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Justicia y Trabajo; doctor don Enrique García Sayán, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto; general don Manuel Odría, Ministro de Gobierno y Policía; general don José del Carmen Marín, Ministro de Guerra; doctor don Luis Echecopar García, Ministro de Hacienda y Comercio; ingeniero don Alfredo L. Fort, Ministro de Fomento y Obras Públicas; capitán de navío don Manuel  R. Nieto, Ministro de Marina; doctor don Cristóbal de Losada y Puga, Ministro de Educación Pública; doctor don Alberto Hurtado, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; general don Armando Revoredo Iglesias, Ministro de Aeronáutica; ingeniero don Pedro Venturo, Ministro de Agricultura Abocado al tiempo de constituirse, a una situación de grave tensión política, el nuevo Gabinete ha cumplido con austeridad la misión que se impuso, de acuerdo con la exposición que al respecto hizo su Presidente, el señor contralmirante Alzamora,  ante las  Cámaras Legislativas. Ha encarado con decisión varios de los problemas más urgentes del país y dedicado preferente esfuerzo a la preservación de la tranquilidad pública, a la prestación garantías individuales, a la consideración de inaplazables asuntos hacendarios y económicos, como el de la deuda externa, el del restablecimiento del crédito en el exterior, el de las divisas y el del Presupuesto; al suministro de abastecimientos y estímulo de la producción alimenticia; y a otras múltiples cuestiones que expongo en los capítulos de este Mensaje.

Cumplo un deber muy grato al expresar mi agradecimiento a los abnegados colaboradores que me acompañan en la difícil y no siempre bien comprendida tarea del Gobierno, con desinterés y patriotismo ejemplares y con entereza moral digna de todo encomio.

POLÍTICA GUBERNAMENTAL

La idea de Gobierno de un Estado entraña la conducción de los negocios públicos con arreglo a una pauta previa y razonadamente trazada. En el caso de nuestro país, yo propuse una pauta al asumir la Primera Magistratura y el sufragio del pueblo le prestó su consagración. En ella debe, pues, fundarse la acción gubernativa.

Motivos derivados de nuestra convalecencia democrática, que he enumerado ya en ocasiones anteriores y que, por tanto, sería ocioso repetir, han producido entre grupos y partidos una pugna política que hasta el actual momento no ha logrado atenuarse. Pero, entre tanto, el país se mueve a la deriva, mellada su tranquilidad, seriamente afectada su normalidad económica y sin poder concretarse la obra del Gobierno en realizaciones constructivas. Se impone, pues, buscar una solución en medio de las dificultades del ambiente. Y a esa solución está abocado de modo preferente el Jefe del Estado, como responsable nato de la dirección de la política nacional.

La orientación de mi conducta no da lugar a hesitaciones. El actual Gobierno tiene un programa y a él debo ceñirme. Acogí en él como principios la libertad dentro del respeto mutuo; la aproximación de las disidencias para llegar a una unidad sustancial capaz de robustecer el esfuerzo común; la evolución prudente, sin saltos ni violencias, hacia un regimento más avanzado de justicia social; la voluntad de trabajo para dar realidad fructuosa a la enorme riqueza potencial del país.

Estos principios marcan la línea del Gobierno.  Su sujeción  a ella dará firmeza a su criterio, respaldo a sus actitudes  y orientación a sus relaciones con los demás Poderes  y con la ciudadanía. Y ajustado a esa pauta continuará cumpliendo el encargo que le fue conferido, con la mira puesta siempre en el bien de la nación. Vuelvo para ello a invocar la colaboración de mis conciudadanos. Que haya nobleza en sus propósitos, templanza en  sus querellas, meditación en sus iniciativas y desinterés patriótico  -ajeno a personales estímulos- en sus actitudes políticas. Que, sobre todo en la palabra impresa, den a sus campañas un sentido de decorosa mesura y de respeto a la personalidad privada, libre de demagogia y de injurias y no reñido, por cierto, con la polémica ideológica ni con la defensa viva de la verdad. Que eliminando estas y otras causales de agitación del ambiente, colaboren en  aflojar la aguda tensión de la opinión pública que sobre excita al país desde meses atrás, y en devolver la tranquilidad a quienes quieren ver desenvolverse su vida libre de temores y de incertidumbres.

La nación necesita una tregua de calma para afrontar y resolver problemas más trascendentales que las internas controversias políticas. Problemas que mantienen al país en peligroso decaimiento y que comprometen gravemente su futuro. El buen sentido de nuestro pueblo no puede dejar de comprenderlo ni puede negarse a remediarlo. Repito aquí las palabras del Presidente Dutra en su reciente mensaje al Congreso brasileño: “El ejercicio del Gobierno importa10 una constante advertencia de equilibrio y un permanente consejo de sobriedad”.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

El problema económico: panorama general. Causas y remedios El Perú es un país que crece; y el ritmo de su crecimiento es más acelerado que el de la multiplicación de sus recursos. El volumen de las necesidades supera el volumen de las fuentes de abastecimiento. De ahí el desequilibrio.

Una observación atenta de nuestra realidad lleva, por tanto, a la conclusión de que el problema económico del Perú es un problema de déficit de producción.

Por consiguiente, los remedios de esta situación deben buscarse en el mejoramiento de los índices de la producción ya organizada y en la creación de nuevos medios productivos.

El aumento de la producción nacional, necesaria para restablecer el equilibrio, reconoce como principales atajos la incertidumbre del productor, los abusos de la especulación, la disminución en el rendimiento del trabajo, la escasez y retraimiento de los capitales y la deficiencia de  medios de pago en el extranjero.

Las causas de incertidumbre en el productor agrícola son diferentes de las del industrial. En el primero, las reticencias a la ampliación de sus cultivos o a la explotación de ciertos cultivos dependen de la inseguridad de los precios, no siempre superiores a los costos. En el segundo, la inquietud depende del alza creciente de los precios de las materias primas importadas o de la maquinaria y repuestos. En ambos casos, pero especialmente en el último, influye también en la zozobra la imposibilidad de una previsión fija de los gastos generales a consecuencia de aumento de jornales y sueldos.

El acaparamiento y la especulación actúan, a la vez, contra el productor y contra el público. Privan al primero de ganancias legítimas que el intermediario asume sin mayor esfuerzo; y extorsionan al segundo con precios desmesurados, que eleva artificialmente el costo de la vida.

A su vez, esta elevación se  traduce en reclamos de aumento de la remuneración de los trabajadores. Pero no siempre estos reclamos guardan proporción con el nuevo standard de subsistencia; otras veces determinan dificultades financieras en las empresas; y si degeneran en huelgas, traen consigo una merma de la producción.

Una producción estancada o disminuida paralela a un incesante aumento de necesidades internas significa una anemia de las exportaciones y, por lo mismo, el recorte de las disponibilidades de divisas. Sin éstas, el comercio languidece y la industrialización se  frustra porque falta  la moneda extranjera para importar mercaderías. Surge como  único recurso la apelación al crédito externo; pero esto no funciona por el  factor de la desconfianza y porque, en nuestro caso, el acreedor extranjero  tiene mala experiencia de nuestra exactitud como deudores. Las operaciones posibles en el futuro exigen una previa rehabilitación del pasado. Y para ello se le plantea al Estado el problema del arreglo de la deuda externa.

Pero la solución de este problema es sólo parcial y transitoria. Aún admitiendo la posibilidad de nuevos empréstitos, éstos no cubrirían sino unos pocos aspectos de la expansión productiva del país. Además, tales préstamos deben ser pagados, y a ese fin es preciso contar con nuevos recursos que garanticen los servicios de intereses y amortización. Resulta, entonces, indispensable buscar en la propia entraña de la nación medios extraordinarios para cumplir estas obligaciones, si llegan a ser contraídas, o para suplir el capital que acaso no se logre traer de fuera. Y esta previsión nos conduce a afrontar, como necesidad inexcusable, la explotación de las grandes riquezas naturales que aún duermen improductivas en el acervo de reservas de nuestra economía.

Tal se presenta el panorama de nuestros problemas económicos. En consecuencia, para remover  tratar de solucionarlos mediante el aumento general de la producción, es menester asegurar precios remunerativos  al productor; controlar los precios comerciales en relación con los costos; perseguir la especulación para estabilizar el standard de vida sobre bases reales y no artificiales; regular equitativamente los salarios para hacer  atractivo el trabajo y remover así, en parte, las causas de conflictos; eliminar el ausentismo obrero; reglamentar el régimen de trabajo y de huelgas; restringir nuestros gastos para dedicar nuestros ahorros a obras productivas; restablecer la confianza pública, que estimula las inversiones; obtener la recuperación de nuestro crédito externo y promover el aprovechamiento de nuestras grandes riquezas no explotadas, que constituyen veneros de nueva producción y divisas.

Medidas para encarar el problema. Remedios actuales 

Es del caso exponer ahora la forma  como el Gobierno ha procurado encarar estos objetivos.

He de referirme en primer término a  la producción agrícola, íntimamente vinculada con el abastecimiento alimenticio.

Producción agrícola

A la terminación de la última  guerra, que creó fenómenos económicos de emergencia, el Perú, lo mismo que otros Estados, se ha visto en el caso de encarar el reajuste de su economía  nacional iniciando, a través de las diferentes dependencias públicas, nuevos programas de trabajo.

Fue preciso iniciar ese reajuste en el Ministerio de Agricultura, que había sido el más afectado en la época de la anormalidad. Reducidas poco menos que al mínimo durante esa época sus actividades privativas o esenciales, hubo de asumir otras ajenas completamente a su función, confiándosele la misión de adquirir o importar artículos alimenticios y encargándosele de su venta y control de los subsidios al consumidor, con el fin de mantener invariable, en cuanto fuera posible, el valor de los alimentos.

Se requirió contratar empréstitos internos con los bancos nacionales, a fin de poder efectuar los pagos de estas compras, y consignar en el Presupuesto partidas dedicadas a amortizar a las  pérdidas en el improvisado ramo del comercio al que se dedicaba, y a atender el pago de los subsidios referidos.

Se prescindió, pues, casi por completo, del engranaje de las casas comerciales establecidas en el país, en el ramo  de subsistencias. Este hecho, de por sí grave para el comercio profesional, empeoró con la participación de nuevos comerciantes e intermediarios improvisados, que al intervenir en un ramo para el cual no estaban preparados, tenían necesariamente que ir al fracaso.

Al aumentarse en forma alarmante el número de comerciantes vendedores, se produjo una disminución en el volumen de los productos con que podía comerciar cada persona o entidad, trayendo esto como consecuencia inmediata la elevación general de los  precios como medio de compensar la reducida utilidad que percibían por  la venta de menores cantidades de productos o mercaderías.

Existía, pues, un caos comercial agudizado por medidas arbitrarias, tales como la creación de barreras aduaneras interprovinciales o interdepartamentales que impedían la libre circulación de los productos.

Todo lo dicho se refiere a una parte del problema, o sea aquella que concierne al comercio de los productos. La otra parte es tan grave o aún más y se relaciona con los subsidios o precios políticos de las subsistencias.

En un afán sincero y de buena voluntad de mantener el costo de la vida lo más bajo posible, el Gobierno contribuía al pago de parte del valor de los alimentos, para entregarlos al consumidor a un precio que juzgaba razonable  o barato.

Cabe señalar, que sin necesidad de aquel subsidio y ateniéndose únicamente a los costos reales de producción, los precios de la mayoría de los artículos alimenticios en nuestro país son más bajos que los que rigen en otros.

Este sistema de subsidios tenía el grave inconveniente de constituir una ayuda que se ofrecía tanto a ricos como a pobres; es decir, que se brindaba apoyo económico a personas que no lo necesitaban, en vez de beneficiar únicamente a aquellos que en realidad lo requerían.

Los precios políticos, en la práctica, fomentaban en muchos casos la holganza, no estimulaban el espíritu de trabajo y creaban un estado de bonanza artificial.

Asimismo, daban lugar a la formación de una nueva industria, la del contrabando, al promoverse, en forma  clandestina, la salida de productos a países vecinos que los pagaban a mejor precio.

Otro inconveniente del sistema de subsidios es el de que, tarde o temprano, el monto de aquellos tiene que ser satisfecho o reintegrado por medio de nuevos impuestos, medida que repercute en forma directa o indirecta sobre aquellos mismos a quienes se pensó beneficiar, constituyendo así el pretendido abaratamiento de la vida, un verdadero caso de espejismo económico.

Marchábamos, pues, a la desorganización del comercio y la industria; y el fisco sobrellevaba una carga enorme, a pesar de lo cual se encarecía la vida por la aparición de la bolsa negra, del acaparamiento y de la especulación. Por todo ello se hacía necesario volver la mirada hacia otras modalidades de trabajo: fomentar la producción devolviendo la confianza al agricultor; mecanizar y modernizar la agricultura y estimular  el trabajo, rodeando al agricultor de las garantías a que tiene derecho; auxiliándolo económicamente, pero no a título gratuito; y respetando los costos de producción de sus cosechas.

Uno de los primeros pasos para devolver la confianza y el interés al productor fue declarar una relativa libertad de  comercio y una amplia libertad de circulación, eliminándose las múltiples trabas que gravitaban sobre las transacciones de artículos alimenticios en perjuicio del productor, porque se le obligaba a vender en condiciones desfavorables y en desventaja también del consumidor, porque los obstáculos repercutían en los precios, y porque, frecuentemente, so pretexto de defender intereses locales, se desviaba el comercio de sus cauces normales, multiplicándose los intermediarios entre la zona de producción y los centros de consumo. En la actualidad, el productor es libre de vender a quien quiera, y goza de las mayores franquicias para movilizar los artículos que produce dentro del territorio de la República, lo que significa que han desaparecido las barreras entre circunscripción  y circunscripción. El estímulo que representa esa liberación permite ahora al agricultor y al ganadero dedicarse con mayor confianza a producir más.

En armonía con la política de libertad de comercio y circulación, se ha procedido a la supresión paulatina de los controles y taxativas que se establecieron por razones de emergencia, y que innecesariamente prolongados, se convierten en factores de obstrucción de los canales naturales del comercio. En tal virtud se resolvió suprimir las Juntas de Alimentación Departamentales, Provinciales y Distritales, medida que ha concitado el aplauso de consumidores y agricultores.

La libertad relativa de comercio no quiere decir facultad para elevar los precios a capricho. Mientras la producción nacional de artículos alimenticios no adquiera todo su impulso, y mientras, por esa causa y por las dificultades de divisas para importar, prevalezcan las  condiciones deficitarias en el mercado interno, no podrá haber libertad de precios porque la escasez originaría un encarecimiento súbito e inmoderado. Por eso, el Gobierno mantiene los precios topes, fijándolos después de un previo estudio de los gastos de producción, a fin de que los precios topes puedan cubrir dichos gastos, más las ganancias legítimas que corresponden al productor por su esfuerzo. Determinado el precio a que puede vender el productor, esos datos sirven de base para que se establezcan los precios de venta al  consumidor, cuya aplicación estricta corresponde controlar, conforme a ley, a las municipalidades.

Estimando que lo verdaderamente apremiante es producir más, el Gobierno ha tenido en cuenta la necesidad de conceder precios de refugio a los productores, en los casos en que los precios del mercado sean inferiores a los costos. En esa forma, el agricultor y el ganadero estarán a salvo de zozobras y de riesgos, y gozarán de tranquilidad  de ánimo para intensificar sus actividades, sin el peligro de una baja brusca en los precios del mercado.

Saben ahora que pueden esforzarse, sin la amenaza de un desastre, porque el Estado acudirá en auxilio de ellos apenas las circunstancias lo exijan, y percibirán precios que cubran los  gastos de producción, más una prudente compensación por el trabajo rendido. Con esa garantía, puede tenerse la esperanza de que la producción nacional  de especies alimenticias habrá de alcanzar pronto altos niveles.

El desplazamiento constante de la mano de obra de la agricultura hacia la industria y obras públicas, está creando  serias dificultades en el trabajo de nuestros campos.

Este factor unido a la disminución de los animales de trabajo y al desgaste de las maquinarias agrícola existente, ha hecho pensar a mi Gobierno en la urgencia de dar un mejor aprovechamiento a la maquinaria agrícola que tiene el Ministerio de Agricultura en uso a  través de los diferentes servicios regionales, estableciendo para ello el pool de maquinarias que estará a cargo exclusivo del Servicio Cooperativo interamericano de Producción Alimenticia.

La experiencia ha demostrado que la maquinaria debidamente supervigilada en centros de mecanización rinde más y  a un precio unitario más bajo por hectárea, que las máquinas que se trabajan aisladamente.

Producción minera

También ha sido objeto de la atención del Ejecutivo el estímulo de la producción minera; y una expresión de sus estudios sobre esta materia son los decretos expedidos en agosto pasado y durante el presente año. Por el decreto supremo de 27 de agosto de 1946, quedó libre el comercio dentro del territorio de la República del oro producido en  los ríos, lavaderos, placeres y aventaderos y que fuese dedicado a usos industriales; y se dispuso que el oro amonedado fuese excluido de la obligación de ser vendido al Banco Central de Reserva. El Decreto Supremo de 15 de marzo del año en curso, dispuso que los productores de oro quedaban obligados a  entregar su producto al Banco Central de Reserva, el cual, en cambio, les emitiría Certificados de oro, libremente transferibles por endose dentro del territorio nacional; facultándose a los tenedores para acogerse a lo dispuesto en la Ley N° 10735, sobre acuñación de oro y para obtener de la Superintendencia de Comercio Exterior licencias de importación por el valor de  aquellos certificados al tipo oficial vigente. Por el decreto ampliatorio de 11 de abril, se autorizó al Banco Central de Reserva para conservar las divisas correspondientes al valor de los certificados de oro, en depósitos sin intereses a la orden de los tenedores, a fin de que éstos puedan emplearlos en la importación de mercaderías.

Estas disposiciones favorecen la utilización en el país, para provecho de la industria, de una parte de nuestra producción de oro, que antes emigraba al extranjero y cuya venta en el mercado interno permite al minero lucro prudencial, sin el atajo  de topes oficiales. Puede, asimismo, el productor amonedar su oro, con lo cual obtiene una alza automática de su valor. Y, sobre todo, al canjear sus barras por certificados de oro, se convierte en tenedor de un papel negociable con cuya garantía puede conseguir créditos, y se asimila al poseedor de divisas propias, a base de las cuales le es fácil recabar licencias de importación para adquirir en el extranjero implementos destinados a su propia industria u otras mercaderías, lográndose así que ese capital no emigre sino que se revierta en incremento de la riqueza nacional.

Industria manufacturera

Por lo que hace a la industria manufacturera, la aspiración del Estado es fomentar su incremento a fin  de que una mayor proporción de nuestras materias primas sea transformada en  el país y llegue así a convertirse en artículo de exportación, después de  cubrir las necesidades internas, economizando divisas, en vez de salir, como hoy sucede, en su estado natural para ser manufacturada en el extranjero  y regresar al Perú duplicada en sus precios. Desgraciadamente, el impulso de las instalaciones exige, como paso inicial, la importación de maquinarias, que hoy es difícil por las limitaciones de los mercados vendedores y, sobre todo, por nuestra crisis de divisas. Como un medio de aliviar esta dificultad se ha considerado la maquinaria industrial con prioridad preferente en el cuadro respectivo de la Reglamentación del Comercio Exterior; pero, pese a esta  ventaja, se hace siempre necesaria la ayuda del capital extranjero, en forma de créditos o empréstitos. El Banco de Importaciones y Exportaciones y el  Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento están llamados a estimular estas operaciones y no dudo de que, salvado ya en principio el problema de la deuda externa, prestarán al Perú las facilidades que conceden a otros países.

Especulación

Consecuencia del aumento de los consumos, del alza de los precios en el interior y en el exterior, y de la limitación de nuestras importaciones, ocasionadas por la falta  de divisas, por el cierre de los mercados y por las limitaciones impuestas a las exportaciones en otros países, ha sido la escasez de muchos artículos con la consiguiente secuela de ocultamiento de la mercadería, especulación y acaparamiento.

El Gobierno no ha permanecido, ni  podía permanecer, impasible ante un estado tal de cosas y por lo mismo ha procedido a atacar vigorosamente el mal.

En materia agrícola y de subsistencias ha favorecido el libre cambio para aumentar la producción, pero ha señalado precios topes a fin de evitar la especulación, castigando severamente a los infractores y estimulando al público para que colabore en la denuncia de los abusos de que sea víctima. En cuanto a los productos medicinales, ha  organizado un eficiente control, por medio del cual ha conseguido mantener los precios a un nivel razonable que, sin causar detrimento a los comerciantes, ha resguardado la situación de los consumidores.

En las demás líneas del comercio, de la industria o de la actividad económica se han puesto en práctica numerosas medidas protectoras y últimamente se ha reorganizado todo el sistema a fin de  hacerlo más eficiente, mediante el decreto de 16 del presente mes de julio, en el que se determina claramente que artículos son de primera necesidad, se define los delitos de acaparamiento y especulación, y se establece una régimen nacional de control presidido desde la capital de la República por la  Contraloría de Precios y que extiende su vigilancia a todo el país mediante comités departamentales, provinciales y distritales de control.

El Ejecutivo da a este nuevo decreto una importancia capital, pues ha de servir de base para perseguir con firmeza y de acuerdo con  los nuevos términos de la Ley N° 10551, a todo aquel que intente agraviar los intereses de la colectividad incurriendo en  los delitos de especulación o acaparamiento, que tan serios daños vienen causando a todas las clases necesitadas del país  y a los consumidores en general.

El Gobierno sigue día a día, con mirada atenta, la evolución del régimen creado y no desmayará en su empeño de mantener los precios a un justo nivel y de impedir, con toda la fuerza de la  ley y de las sanciones, que alguien se enriquezca dentro de los límites de la República con el sufrimiento de los demás.

Creo de mi deber, a este respecto, hacer un franco llamado al comercio y a la industria, invocando los principios de ética en que deben sustentar, para que colaboren con el Estado en esta cruzada de bien público. Es hora ya de descubrir ciertas lacras que malean nuestro ambiente. Junto a muchos comerciantes honrados, hay otros inescrupulosos que hacen el juego a los intermediarios y se coluden con ellos para obtener ilícitas ganancias.

Mercaderías hay que se expenden en casas minoristas a precios dobles y triples de los de las casas productoras. Elementos extranjeros que se han acogido a nuestra hospitalidad, con el compromiso de respetar nuestras leyes, acaparan por medios oscuros líneas enteras de negocios e introducen monopolios con detrimento y ruina de los comerciantes nacionales, para campear luego solos, imponiendo precios de abuso. Todo eso debe terminar. Y es mejor que termine mediante esta advertencia, por la honesta sumisión de los culpables al imperio de las normas legales, que por obra de una sanción oficial de la justicia.

Conflictos de trabajo

En cuanto a los conflictos de trabajo, espera el Ejecutivo que las Cámaras se sirvan acoger los proyectos que les  ha enviado, a fin de contar con instrumentos eficaces de pacificación colectiva. Pero no es esto todo; necesita el concurso voluntario y consciente de los trabajadores. Y por eso apelo a ellos en esta solemne ocasión, invocando su patriotismo y su interés por el pueblo del que forman parte, para invitarlos cordialmente a una tregua social en la que, sin perjuicio de poder ventilar sus reclamos, sea directa y amistosamente, sea bajo los auspicios de la Dirección del Trabajo o de los juzgados privativos, renuncien temporalmente al recurso de la huelga que tantos estragos causa a la tranquilidad pública y a la producción nacional. Extiendo esta invitación a los dueños y personeros de las empresas representativas del capital, para que, en un gesto de colaboración cívica, faciliten por su parte la solución de los conflictos en términos de equidad y justicia, dedicando inmediato estudio a los reclamos, deponiendo toda actitud de  intransigencia en su trámite y asegurando a sus trabajadores un salario adecuado y humano, que ha de ser la mejor garantía de paz y estabilidad en sus negocios. Así podremos restaurar más pronto nuestra maltrecha economía; estaremos en condiciones de neutralizar el impacto de la época de deflación que se avecina, más temible quizá que la de inflación ya expirante; y, al volver a la normalidad, desaparecerán automáticamente los motivos de preocupación y de estrechez que a todos nos conturba.

Problema de divisas

También ha debido afrontar este Gobierno el gravísimo problema creado por la enorme demanda de divisas extranjeras, que se inició durante la guerra, se incrementó a principios de 1945 con la  terminación de la contienda y se ha agudizado extraordinariamente en los últimos meses.

Los múltiples factores que han contribuido a originar este problema son del dominio público y pueden resumirse en:

a) La inflación reinante en todo el mundo, que ha determinado el alza en el valor de las mercaderías importadas;

b) La clausura de los mercados asiáticos y europeos que antes nos permitían obtener ciertas mercaderías a bajos precios;

c) La extraordinaria demanda de artículos extranjeros, ocasionada por muchas e importantes necesidades que no pudieron ser satisfechas durante la guerra; por  el crecimiento del circulante en el país, que estimula las compras en el exterior; por el incremento de nuestra población económicamente activa, que aumenta los consumos; por la construcción de nuevas vías de comunicación que al  abrir al progreso nuevas regiones y provocar migraciones hacia los centros populosos, provocan mayor actividad económica; por las capitalizaciones hechas durante la guerra en moneda nacional, que buscan inversión en industrias urgidas de materias o implementos importados; por la pérdida ocasional de cosechas, las cuales deben ser sustituidas por productos traídos de fuera; por el estancamiento de la producción y la decadencia de la ganadería nacional, que exigen sea cubierto el déficit de las necesidades con esos mismos productos foráneos; y por la limitación de cultivos de exportación, cuyo rendimiento en divisas disminuye;

d) La deficiencia de las reservas en moneda extranjera hechas durante la guerra o la falta de capitales venidos del exterior, factores ambos que no nos permiten  contar con los fondos  adicionales para  cubrir las nuevas demandas de divisas.

En esta situación el Gobierno ha asumido una política resuelta que puede resumirse en tres puntos: reglamentación de la distribución de divisas; restricción de las importaciones; y aumento de las exportaciones mediante el fomento de la producción nacional.

Para lo primero, se ha creado el Consejo Nacional de Comercio Exterior y la respectiva Superintendencia, que se  encargan de calificar las solicitudes de divisas y aconsejar al Gobierno en su política general sobre la materia; se ha regulado el movimiento de las licencias de importación señalando periodos especiales para la presentación y la calificación, acelerando el procedimiento, se ha establecido un sistema de garantías para evitar la inflación de la demanda; se ha hecho un presupuesto de divisas que permita hacer adecuadamente la distribución; y se han reorganizado las estadísticas mecanizando los sistemas de trabajo a fin de contar con datos inmediatos y seguros.

Para lo segundo, se ha limitado el otorgamiento de divisas oficiales a las importaciones absolutamente esenciales,  como son las de víveres, artículos medicinales y quirúrgicos, mercaderías destinadas a producir o economizar divisas y los demás objetos indispensables para la vida del país, del comercio o de su industria. Se ha dejado al mercado  libre los demás artículos; y se ha prohibido la venida al país de objetos superfluos o de lujo.

Para lo tercero, se han dictado decretos estimulando la producción de oro; se ha preparado un amplísimo plan de fomento de  la agricultura y ganadería nacionales; y se ha de proponer la legislación necesaria que dé un fuerte impulso a la industria de transformación, a la producción de oro, carbón, petróleo y otras materias primas del país, y que infunda mayores alientos a la pesquería nacional y a la explotación de nuestro oriente.

También será posible contribuir a la mejora de nuestra posición de cambios con la realización de operaciones de orden financiero en el extranjero de que el Poder Ejecutivo se ocupa celosamente.

Entre las soluciones a largo plazo debemos contar la ejecución de obras de irrigación, la construcción de ferrocarriles y vías de comunicación y la organización del turismo en toda la República. En todo ello está trabajando el Gobierno activamente y será materia del respectivo plan de acción que el Ejecutivo someterá a la consideración del Poder Legislativo, conforme lo tiene prometido.

Deuda Externa

La paralización del servicio de la deuda externa desde 1931 planteó al país un gravísimo y trascendental problema. De un lado, era indispensable mantener el crédito nacional; y del otro existían tremendas dificultades de orden económico y político para reanudar el pago.

Centenares y quizás millares de acreedores confiaban en que el Perú haría frente a sus bonos en moneda extranjera apenas las circunstancias lo permitieran; y por otra parte, imperiosas necesidades absorbían todas las rentas públicas y las disponibilidades de divisas, impidiendo a la nación cumplir con tan importantes obligaciones  como era el vehemente deseo de sus gobernantes y de su pueblo.

Era indispensable adquirir todos los víveres que requerimos para subsistir; luchar contra la tuberculosis, el paludismo y otros males que exterminan nuestra población; educar a nuestros  hombres, mujeres y niños; sacar al indígena de su letargo centenario; asegurar a los trabajadores contra los accidentes del trabajo,  la enfermedad, la desocupación, la vejez o la muerte; construir caminos, ferrocarriles, puentes, hospitales, escuelas y otros edificios públicos, irrigaciones, aeropuertos, muelles y terminales marítimos; comprar toda la maquinaria, los abonos y los insecticidas que reclama nuestra agricultura; dotar a nuestra Fuerzas Armadas y de Policía de todos los medios materiales y personales que exigen la técnica moderna, la seguridad interna y la defensa continental; y, en fin,  proveer a la República de una organización judicial eficiente y seria.

Nuestro país tenía, así, por delante una labor titánica por realizar y no había suma de dinero que alcanzase para satisfacerla en cortos años. Pero, por otro lado, se encontraba esta deuda impaga, que afectaba seriamente nuestro crédito y que nos presenta como una nación disminuida ante el mundo de las finanzas internacionales.

Se debatía, por las razones expuestas, sobre la capacidad actual de la República para hacer un cuantioso  pago en moneda extranjera; pero, el Gobierno, después de cuidadoso análisis, llegó a la conclusión de que no se podía esperar más tiempo para llegar a un acuerdo con los acreedores; teníamos capacidad de sacrificio, como corresponde a los pueblos viriles y orgullosos de su reputación, debíamos renunciar a la satisfacción de algunas necesidades apremiantes con tal de restaurar nuestro crédito externo; nuestra palabra había sido empeñada al construirse  el Frente Democrático, asegurando que arreglaríamos nuestra deuda externa.

Pero, dentro de las circunstancias propuestas, no era posible pensar en el pago total de la deuda si se acumulaban los intereses atrasados, ni mucho menos abonar el interés originalmente pactado, cuando el dólar, que se cotizaba al contraer la obligación a S/. 2.52, nos cuesta hoy S/. 6.50. Nuestra capacidad de sacrificio tenía sus límites y, por  lo mismo, era indispensable llegar a una solución transaccional y equitativa, que equilibrase los intereses de una parte y las posibilidades de la otra.

Fue así como se llegó a la formula que se sometió al Congreso en febrero del presente año y que éste se digno aprobar, convirtiéndose en la Ley N° 10832. Ella autorizaba al Gobierno para reanudar el servicio de la deuda extranjera mediante el pago de un interés inicial del 1% sobre el valor nominal de los bonos, el cual se iría elevando paulatinamente para llegar al 2½% a partir del 7° año. También contemplaba la condonación de los intereses atrasados, la amortización de los bonos por compra en el mercado libre, mediante un fondo acumulativo con una base del  ½% anual; y el pago indubitable en dólares o en libras esterlinas, según fuera la moneda originaria pactada en la obligación.

El Consejo Protector de los Tenedores de bonos en dólares se apresuró a objetar las condiciones propuestas antes de que la ley fuera promulgada; pero, a pesar de ello, se decidió intentar  un arreglo bilateral considerando que el Consejo era el conducto normal para llevar a cabo negociaciones en los Estados Unidos; que durante largos años se había estado en negociaciones directas con él; que un convenio bilateral origina la rápida aceptación por parte de los bonistas; y que, aun cuando el Consejo había manifestado su opinión desfavorable, se fundaba para ello en notorios errores que se juzgaba posible desvanecer.

Intervinieron en la gestión por parte  del Perú, el técnico economista del Ministerio de Hacienda, que en el ejercicio de sus funciones había asesorado ya a cinco ministros al tratar de este asunto, un importante hombre de finanzas nacional, radicado en Nueva York y una notable firma de abogados de Norteamérica.

Los tratos duraron largas semanas y, durante el curso de ellas, se pudo apreciar la buena voluntad con que sinceros amigos nuestros, a quienes debe el país particular agradecimiento, quisieron cooperar para  el éxito de nuestra propuesta.

Infortunadamente, el Comité Protector insistió en sus puntos de vista y fue así como se puso fin a las negociaciones en los últimos días de junio, procediéndose a hacer una oferta directa a los bonistas mismos, sin intervención del Consejo Protector de la Tenedores de Bonos en dólares.

Dicha oferta se compara favorablemente con los arreglos celebrados por otros países y ha sido formulada teniendo  en cuenta fundamentalmente nuestras disponibilidades en moneda extranjera, bastantes restringidas en los momentos actuales. Es, además, muy equitativa para los bonistas si se tiene en cuenta el valor que al presente tienen los bonos en el mercado de valores y les permitirá percibir un apreciable tipo de intereses sobre su actual precio.

Se ha hecho algunas objeciones a la condonación de los intereses devengados; pero tales objeciones no son admisibles si se tiene en cuenta que, desde el año 1945, el Consejo Protector  de los Bonistas estuvo dispuesto a apoyar la remisión de prácticamente la totalidad de los intereses impagos.

El Gobierno confía fundadamente que su oferta pública ha de ser aceptada individualmente por los bonistas, tanto por las razones expuestas, cuanto por la similitud que tiene con las bases que anteriormente fueron aprobadas por el Consejo Protector de los Tenedores de Bonos y que sólo ha sido modificada en la parte necesaria para adecuarla a nuestras actuales posibilidades económicas. No dudamos que los bonistas han de apreciar que constituye el mayor esfuerzo que la República puede hacer a favor de sus acreedores. Las aceptaciones que ya se vienen produciendo en forma positiva alientan esta confianza.

Por lo mismo debemos tener fe en que los tenedores de libras  esterlinas, a los cuales se hará la oferta pública próximamente, después de las correspondientes negociaciones, también habrán de dar su asentimiento.

La declaración de satisfacción que hiciera el Secretario de Estado, general Marshall, ha sido recibida en nuestra patria con sumo agrado y constituye un importantísimo testimonio de que los esfuerzos del país han sido debidamente interpretados.

Remedios futuros: la gran producción

Hasta aquí los remedios, o sí se quiere, paliativos, para conjurar los males del Perú de hoy. Pero un Gobierno está obligado a mirar el mañana. Y una visión futura de nuestra patria engrandecida es inseparable del propósito de arrancar de su entraña el tesoro recóndito de su inmensa riqueza para ensanchar su producción.

Al inaugurar la Legislatura Ordinaria, expuse el año pasado a los señores Representantes mi convencimiento profundo de la necesidad que tiene el país de dar paso a “la producción en grande”, para lo que es indispensable el concurso del capital extranjero, de modo preferible en la forma de inversiones privadas. Pero dije también que el capital extranjero posee una extraordinaria sensibilidad y que para lograr su cooperación es necesario crear un ambiente de seguridad  y de confianza y llenar determinados requisitos que en aquella ocasión puntualicé.

De entonces a acá he vuelto muchas veces sobre el tema, en serena meditación; y puedo declarar honradamente que mi convicción no ha cambiado. Aparte de nuestros proyectos de irrigación, ferrocarriles, caminos y puertos, que son más bien del resorte del Estado y para cuya financiación es más apropiado el empréstito, los variados minerales que atesoran nuestros

Andes y los infinitos recursos naturales de nuestra montaña, están esperando la iniciativa privada y el capital particular que los  arranquen de los lugares en que se hallan confinados y los transformen en riqueza activa, privada y pública.

Petróleo

En el campo de las posibilidades inmediatas, mi Gobierno, desde el principio, puso su atención en la riqueza petrolífera. Cupo al Perú el honor de ser el primero entre los países latinoamericanos, con ventaja de muchos años sobre los demás, en obtener producción de petróleo en cantidad comercial. La calidad de petróleo de todos nuestros yacimientos conocidos hasta el presente, es magnífica; y nuestros productos petrolíferos gozan de justificada fama más allá de nuestras fronteras. Vastos son también, especialmente en la región Oriental, nuestros terrenos potencialmente petrolíferos, que ofrecen espléndidas perspectivas de retribuir con largueza el esfuerzo que se ponga en descubrir y desarrollar los grandes yacimientos que indudablemente  encierran.

Sin embargo, hemos visto que países a los que llevábamos en esto una delantera de casi medio siglo, Venezuela y Colombia, han surgido como productores y rápidamente nos han  sobrepasado en el volumen de su producción. No es ajeno a este hecho la más favorable posición geográfica de esos países con relación a los principales mercados mundiales; pero también, fuera de toda duda, ha contribuido a ello la política restrictiva que durante muchos años hemos venido practicando.

Para corregir esta situación y abrir nuevos terrenos de posibilidades petrolíferas a la iniciativa y experiencia de las empresas privadas, sobre bases equitativas que comporten una justa división de los provechos con el Estado, el Gobierno tiene bajo su consideración un proyecto de Ley general de petróleos, para cuya formulación designó una Comisión de Política Petrolera y contrató los servicios de un experto, proyecto al que está dando una prolija revisión final y que será sometido al Congreso en la presente  Legislatura Ordinaria a fin de que sea objeto de su preferente atención.

Acontece, señores Representantes, que mientras de un lado, la última guerra mundial, corroborando y ensanchando las enseñanzas de la primera, ha demostrado la importancia decisiva que  tiene la posesión y disposición de abundante petróleo, y ha estimulado su uso en fines pacíficos, llevando el consumo a niveles inesperados; de otro  lado, la terminación del conflicto, seguida de arreglos diplomáticos entre las potencias interesadas y transacciones comerciales recientes entre las grandes empresas petroleras inglesas y norteamericanas, han removido los obstáculos para el desarrollo de los gigantes yacimientos del Medio Oriente, cuya colosal magnitud no había sido antes bien apreciada. Sus reservas probadas y estimadas ascienden al triple de la cantidad en que anteriormente se fijaba el volumen de las reservas probadas del mundo entero; y mientras la producción de los países situados en esa privilegiada región va subiendo a  saltos, hállanse en construcción los oleoductos que deben llevarla a los puertos del Mediterráneo, evitando el largo rodeo de la península arábiga. En consecuencia, se descuenta ya que los grandes mercados de Europa quedarían perdidos para el petróleo de Sudamérica que hasta ahora venía supliendo la mayor parte de sus necesidades; que el petróleo de las prolíficas áreas del Caribe se desviará hacia los puertos de Estados Unidos en el Atlántico, y los ricos yacimientos de la parte central de este país, desviarán su curso hacia California, considerada hasta antes de ahora como el mayor mercado potencial para el petróleo de los pozos de la costa occidental  de Sudamérica. Consiguientemente son mayores los obstáculos y menor el interés para descubrir y desarrollar los yacimientos de esta parte del continente. Tal es, señores Representantes, el panorama actual del petróleo en el mundo, que, como veis, ofrece serias dificultades llamadas a ser superadas por vuestro patriotismo y vuestra sabiduría cuando deis vuestra consideración a la Ley general de petróleo.

Dadas estas consideraciones, sería enteramente ilusorio que el país pueda desarrollar su producción en vasta escala y hallar luego mercados bajo condiciones de la más rigurosa competencia. Prescindiendo del concurso de las grandes empresas petroleras mundiales, que disponen de las ventajas de sus enormes capitales, de su organización, de sus medios de transporte y almacenamiento, de contratos a largos plazos que les abren las puertas de ciertos mercados y, sobre todo, de una muy larga experiencia. De aquí que el Gobierno haya creído necesario observar la ley que establece la Corporación Peruana del Petróleo, a fin de que  después de un nuevo estudio por el Parlamento, sea revisada y aclarada en las partes que pueden ofrecer dudas acerca de si el propósito de Legislador es echar los fundamentos de un monopolio estatal,  que ahuyentaría a las empresas internacionales, y a fin también de que se corrija ciertos defectos de la estructuración. Desea el Gobierno que los objetivos de la Corporación queden claramente limitados a las zonas reservadas que actualmente explotan los Establecimientos Petroleros Fiscales, a las zonas de la aplicación de la nueva ley de petróleos proyectada deje  en la condición de reservas y  a la vasta zona de 50 kilómetros de profundidad a lo largo de nuestras fronteras, en que la Constitución prohíbe otorgar concesiones a extranjeros.

Pero el problema de nuestra producción  petrolífera no solamente es el de la urgencia de incrementar el volumen de nuestras exportaciones, para proveernos de divisas, balancear nuestro comercio exterior y mantener el equilibrio del Presupuesto; es también el de asegurar el abastecimiento nacional. Nuestras necesidades de productos petrolíferos, como sucede en el resto del mundo, crecen rápidamente. A pesar de las restricciones que durante la guerra y bajo las actuales circunstancias sufre la importación de vehículos motorizados y máquinas, el consumo ha aumentado en tal forma que hoy en día demanda aproximadamente la mitad de nuestra producción, siendo así que, antes de la guerra, en 1939, representaba  tan sólo el 21%. Paralelamente, nuestra producción, desde el citado año de 1939, ha bajado en el 8%, situación es ésta que vuestro patriotismo, estoy seguro, ha de mirar con preocupación.

En la exposición detallada sobre las labores de cada Ministerio que presento al Congreso en esta fecha, encontraréis datos estadísticos que, con su fuerza objetiva, os llevarán al convencimiento de la urgencia inaplazable que hay de desarrollar nuevos campos productivos que reemplace a  los que después de largos años de explotación intensiva, dan señales inequívocas de natural declinación. Por fortuna, el año pasado, han tenido resultado feliz en el campo de Talara cuatro de los 29 pozos  de explotación perforados, lo que nos permitirá por ahora mantener nuestra producción; pero el Gobierno no cumpliría su deber si dejara al acaso materia tan importante como el abastecimiento del país en materia de productos petrolíferos.

Por la razón antedicha, pido al Congreso que se sirva dar nueva y serena consideración al contrato ad-referendum sobre la zona de Sechura, que ha sido calificado en forma errónea como un contrato en favor de la International Petroleum Company, siendo así que por  él simplemente se ha asegurado el Gobierno un postor que quedaría excluido ante cualquier mejor oferta que se nos haga en la licitación pública que se abrirá.

Cree mi Gobierno que ante la necesidad  patriótica de encontrar y desarrollar rápidamente nuevas fuentes de producción petrolífera, que aseguren el equilibrio de nuestra economía, el funcionamiento de nuestros transportes e industrias, y los requerimientos de la defensa nacional, el país no debe asumir riesgos adicionales sobre los que son inseparables de la industria petrolera; y que, por lo mismo, la exploración y explotación de esa zona debe realizarse por una empresa calificada por su capacidad técnica y financiera para llevarlas a cabo en el menor plazo y con las mayores probabilidades de éxito. Aún si el Estado o una empresa nacional dispusieran de la fuerte suma necesaria para explorar adecuadamente dicha área y estuviera dispuesto a arriesgarlo, tendríamos que confrontar dos problemas de carácter práctico: 1° Disponer en este momento del fuerte volumen de divisas necesario para adquirir los equipos y materiales indispensables, y para la contratación de expertos; y 2° conseguir efectiva y oportunamente esos equipos y materiales, de los que hay gran escasez debido a la insuficiente producción de acero y carbón en Estados Unidos y Europa. Está llamada a convertirse en otro capítulo importante de nuestra producción, la industria carbonera, a la que  el mercado mundial sigue ofreciendo halagüeños horizontes. Nuestros grandes yacimientos favorablemente colocados para su explotación y la espléndida calidad de sus carbones, brindan magnificas perspectivas para su desarrollo. Iniciada esta industria hace años en la zona de Chimbote por esforzados  capitalistas nacionales, ha venido tropezando con dificultades provenientes de la falta de capacidad del ferrocarril, de la falta de medios modernos de manipulación y de la falta de instalaciones portuarias adecuadas, todo lo cual, encareciendo los costos y restringiendo los trabajos, ha motivado que la producción no alcance el vuelo que le corresponde. El Gobierno tiene el propósito de resolver este problema en forma integral, desarrollando primero, como  es natural, las zonas más accesibles.

Con esta finalidad el Cuerpo de Ingenieros de Minas iniciara en breve trabajos de reconocimiento en la zona de Huayday; y me cabe la satisfacción de anunciar al Parlamento que los trabajos iniciados a principios de 1946 en la zona de Paracas, inmediata al puerto de Pisco, han dado como resultado el descubrimiento de varias capas de ancho comercial, de excelente carbón bituminoso, o sea del tipo de carbón que por la proporción de materias volátiles que contiene, es el más deseado para usos domésticos y para ciertos usos industriales, y para el que hay mercado de exportación disponible de inmediato.

Los trabajos de reconocimiento de esta  zona, que por su inmediación al mar ofrece facilidades excepcionales para su desarrollo comercial, serán, pues, intensificados.

El Gobierno se propone también incrementar, a plazo corto, la producción de oro, por medios tales como:

1) Otorgamiento de concesiones en  las zonas reservadas, a empresas nacionales y extranjeras, capacitadas técnica y financieramente para emprender la exploración y explotación de nuestros aluviales de vasta escala.

2) Revisión técnica de los estudios existentes sobre algunos aluviales auríferos, en las zonas de reserva, que por sus condiciones especiales de proximidad a las vías de comunicación, volumen de material, altas leyes, disponibilidad del agua, etc., podrían explotarse de modo directo por el Servicio Técnico de Lavaderos Auríferos, u otorgarse a  compañías nacionales en condiciones especiales; y

3) Campaña de colonización aurífera,  para instalar en las zonas más apropiadas de la parte alta de nuestra montaña, a gran número de lavaderos nacionales y extranjeros. Parecen existir varias zonas ricas, con capacidad para recibir a varios miles de ellos en cada una, con la ayuda del Estado, estableciendo campamentos en lugares bien acogidos por su clima y otras condiciones así como almacenes centrales de aprovisionamiento, asignándoseles pequeños lotes de cultivo y facilitándoles herramientas y equipos sencillos de producción, cuyo precio pagarían con el oro que rescataran. Para establecer en el terreno las posibilidades reales de un plan de esta naturaleza ha salido una comisión técnica a la región de Tambopata, donde las informaciones preliminares  disponibles señalan que hay campo para instalar hasta 5,000 lavaderos.

PLAN DE ACCIÓN

Uno de los males que afecta más seriamente a nuestra vida política es la falta de un plan de acción que coordine todas las actividades y las dirija evolutivamente a un mismo fin, siguiendo para ello un curso regular y continuo.

Por tal causa muchas necesidades  quedan insatisfechas, ciertas obras se emprenden para detenerse después inconclusas, otras se postergan a pesar de su gran urgencia y no pocas se terminan sólo a medias.

Como tal estado de cosas no puede subsistir por más tiempo, el Gobierno, consciente de su deber, ha preparado, después de concienzudos estudios, el plan que hacía falta y el cual permitirá poner en marcha inmediata todas las actividades nacionales, no solamente las económicas, para hacer sin demora algo definitivo en provecho del país.

Tal plan implica lo siguiente:

Primero

La dación de un conjunto de leyes que hagan más eficiente la Administración Pública y aseguren los derechos de los ciudadanos como son:

a) Una ley constitucional que adicione  la Carta Política con un precepto que permita al Poder Judicial declarar la inconstitucionalidad de las leyes, que modifique las disposiciones relativas a los ascensos militares y que restablezca las disposiciones presupuestales y hacendarias contenidas en los artículos 6° y 12° de la derogada ley plebiscitaria;

b) Una ley de modernización y simplificación de la labor administrativa;

c) Una ley conteniendo el Estatuto Orgánico de Municipalidades;

d) Una ley de estados antisociales;

e) Una ley ampliando la de imprenta;

f) Una nueva ley de servicio Diplomático;

g) Una ley organizando el servicio civil;

h) Una ley organizando la carrera sanitaria en el personal médico y auxiliar;

i) Una Ley Orgánica de Educación Pública.

Segundo

La aprobación de otro conjunto de leyes que regulen mejor las relaciones entre el capital y el trabajo, y permita a los trabajadores elevar su standard de vida como son:

a) Una ley sobre huelgas y lockouts;

b) Una ley sobre asociaciones y sindicatos;

c) Una ley sobre solución de los conflictos colectivos del trabajo;

d) Una ley sobre participación colectiva de los trabajadores en los beneficios de sus empresarios;

e) Una ley extendiendo la acción del Departamento de Higiene Industrial a todas las industrias importantes del país;

f) Una ley que establezca el régimen legal de las comunidades indígenas;

g) Una ley que amplíe el actual campo de las leyes de previsión y asistencia social.

Tercero

La ejecución de un conjunto de obras que contribuyan al progreso material del país como son:

a) La Irrigación de Majes y Sihuas con un valor de 160’000,000.00

b) La construcción del Ferrocarril de Matarani a La Joya y ampliación de otros 20’000,000.00

c) La construcción de un sistema de hospitales y establecimientos sanitarios en todo el país por un valor de   40’000,000.00

d) La construcción de un sistema de aeropuertos   25’000,000.00

e) Conclusión de la Unidad Vecinal de la Corporación Nacional de la Vivienda, en actual construcción, y edificación de otras nuevas por un valor de   40’000,000.00

f)  Aumento del capital del Banco Agrícola   10’000,000.00

g) Aumento del capital del Banco Industrial   10’000,000.00

h) Aumento del capital de la Corporación Nacional de Turismo   20’000,000.00

i) Constitución de un centro para inmigración y colonización    10’000,000.00

j) Ejecución de un sistema de edificios públicos, como escuelas, cuarteles y cárceles 45’000,000.00

k) Conclusión de la carretera Panamericana y ejecución de diversos caminos de penetración 100’000,000.00

l) Construcción de muelles 20’000,000.00

Total S/. 500’000,000.00

Esta suma se obtendrá en la forma siguiente: S/.

Con fondos normales del Presupuesto que serán afectados especialmente para este objeto 105’000,000.00

Con nuevos impuestos para caminos 101’000,000.00

Con financiaciones especiales que no deberán confundirse con la inflación  294’000,000.00

Total 500’000,000.00

Es decir que se invertirán anualmente, durante un periodo de cuatro años, S/. 125’000,000.00 en el progreso directo y efectivo del Perú, sin perjuicio de ejecutar las demás obras de carácter local que se realizan con los fondos normales del Presupuesto, o de concluir otras importantes que se hallan en curso, así como perseverar en la  labor que cumplen las corporaciones existentes y no enumeradas en la relación que antecede.

Cuarto

La expedición de un conjunto de leyes de carácter económico, para organizar mejor la hacienda pública y consolidar  el crédito estatal, como son las siguientes:

A) Una ley creando la Caja Nacional del Crédito Público;

B) Una ley creando la Superintendencia General de Corporaciones del Estado:

C) Una ley creando el Consejo de Economía Nacional;

D) Una ley Orgánica del Presupuesto;

E) Una ley creando la Caja Autónoma de Pensiones.

Quinto

La aprobación de un conjunto de leyes destinas a impulsar las industrias extractivas y de transformación o sea:

A) Una ley industrias;

B)  Una ley orgánica del Banco Agrícola;

C) Una ley que amplíe las funciones del Banco Industrial;

D) Una ley de petróleo que atraiga las inversiones nacionales y extranjeras

E) Una ley que ponga en vigencia el plan de estímulo de la agricultura y ganadería nacional, preparado por el Ministerio respectivo, y que atraerá la cooperación del capital nacional y extranjero;

F) Una ley de servicios públicos que dé  alicientes al capital privado para instalar obras sanitarias y servicios eléctricos en todo el país;

G) Una ley estableciendo la industrialización y aprovechamiento de la coca y derivados por el Estado.

Este plan de acción no implica, de ningún modo, la absorción por parte del Ejecutivo, de todas las iniciativas,  ni mucho menos la posibilidad de que él mismo no presente otros planes y proyectos complementarios. Constituye, simplemente, una guía fija para el movimiento del país en los próximos cuatro años, la que ha de producir enormes frutos y verdadero progreso si se le sigue con firmeza y patriótico entusiasmo.

Obligará, es cierto, a incurrir en nuevos gastos, pero tenemos la convicción de que estos no pueden ser evitados.

El país se encuentra verdaderamente en un punto muerto del cual sólo puede salir por el esfuerzo de sus habitantes. El temporal que atraviesa el mundo es demasiado fuerte para que nos limitemos a esperar que vengan mejores tiempos. En realidad no bastaría recoger velas para que el pueblo no sufriese.

Las necesidades son demasiado urgentes para no atenderlas. Hay que hacer, pues, un esfuerzo supremo para salir de la estancación en que vivimos, para aumentar la producción, fomentar el turismo,  hacer que prosperen nuestros ferrocarriles, caminos, irrigaciones, comercio, industria y, en fin, para que la prosperidad no sea una palabra sino un hecho efectivo que beneficie a todos los habitantes del Perú.

Se requiere para ello la compresión de nuestro pueblo y una verdadera tregua social y política que permita dedicar todas las energías al trabajo en vez de emplearlas en la solución de estériles conflictos colectivos o partidaristas que detienen la marcha del país mientras que otros pueblos caminan inconteniblemente en la vida del progreso.

POLÍTICA HACENDARIA

Presupuesto

El Gobierno aprecia la trascendencia decisiva que en la vida de nuestro pueblo tiene el presupuesto de la  República. Por algo se le ha calificado como el principal instrumento de la política y administración nacional y, por lo mismo, se ha puesto un extraordinario cuidado en su preparación y ejecución.

Si bien el primer ejercicio de 1945, del cual sólo corresponden cinco meses al actual régimen, concluyó con  un déficit de S/. 37’440,748.72, se ha determinado ya que el presupuesto de  1946 será liquidado con un déficit de sólo 7’995,023.10, cifra que es sumamente moderada si se compara con la cantidad total de S/. 716’498,200.00, a que ascendían los gastos previstos para dicho año, incluyendo las cuentas de orden, o sea que el déficit sólo llega al 1.11% de la cantidad total presupuestada. A esto se agrega que durante el periodo de liquidación se ha efectuado importantes desembolsos extraordinarios que constituyen verdadera capitalización para el país, como son la adquisición por un importe de S/. 5’288,000.00, de material de aviación civil y militar, cuyo valor real es varias veces mayor. Se ha hecho una amortización extraordinaria de la deuda interna que llegó a  S/. 1’169,014.58

Durante el mismo periodo fue necesario cancelar las cuotas atrasadas que se adeuda a la Liga de las Naciones haciéndose un ventajosísimo arreglo por la suma de S/. 1’081,066.30, o sea que aún el déficit a que se hace referencia queda casi totalmente cubierto y justificado por gastos que no se previeron cuando se aprobó por el Congreso el proyecto respectivo.

El presupuesto en curso se viene también cumpliendo satisfactoriamente, sin que haya recurrido a operaciones extraordinarias de Tesorería a pesar de que se ha empozado ya por anticipado en el Banco Central de Reserva todas las cantidades requeridas para atender en  el presente año al servicio de amortización e intereses de la deuda externa.

Según las previsiones numéricas de la Dirección del Presupuesto, al 30 de junio se había recaudado ya el 40.9% de las cifras previstas y puede afirmarse, según el texto del respectivo informe mensual, que si no ocurre nada anormal e imprevisto, el Presupuesto del presente año será satisfactoriamente cumplido. Los gastos públicos han crecido, es cierto, pero ya se ha tenido ocasión de explicar la razón de ello, o sea; el incremento de los haberes y asignaciones de los servidores del Estado, el aumento de los servicios de la deuda pública, la creación de nuevas corporaciones, el mayor costo de los materiales de las explotaciones del Estado, los nuevos gastos de Educación, mayores egresos en las llamadas cuentas de orden, una moderadísima elevación en los gastos generales de las diversas reparticiones públicas y el crecimiento de los gastos ocasionados por las obras que ejecuta el Estado.

El Ejecutivo, desde luego, procura esforzadamente detener la marcha progresiva de los gastos y vigila celosamente la aplicación de los fondos públicos, pero no puede dejar de atender a los servicios indispensables de la nación.

Esto no quiere decir que se rinda ante la inflación, ni propicie la burocracia inútil o los mayores gastos, pero debe atender a cada cosa dentro del nivel que le corresponde en un Estado civilizado que desea progresar y cuidar con diligencia los intereses, de todos sus habitantes, pertenezcan sea a las clases necesitadas, sea a las poderosas.

No puede pensarse, sin embargo, que  nuestra organización presupuestal es perfecta y, por lo mismo, debe hacerse sin tardanza los mayores esfuerzos para poner fin a los vicios que la afectan, como son la excesiva multiplicidad en la iniciativa para los gastos públicos y para la colocación de empréstitos y la falta de un plan constante y fijo en las inversiones que origina no pocas veces su esterilidad o su diversificación en numerosas obras sin mayor transcendencia nacional.

El Ejecutivo ha de presentar, por lo mismo, junto con el nuevo Presupuesto, un proyecto de Ley Orgánica que vigorice el sistema. Al hacerlo ha de enviar igualmente al Congreso un proyecto que restituya las cuentas de orden a su situación anterior, a partir del próximo año. La práctica ha demostrado que los fondos adicionales que pueden usarse con el sistema imperante en los gastos generales del Estado son bastante reducidos y que, en cambio, se limita la marcha de numerosas obras y se afecta seriamente la evolución de importantes instituciones de bien público.

POLÍTICA SOCIAL

Capital humano

Si la defensa del capital humano debe constituir, por la naturaleza misma de las cosas, una de las más grandes preocupaciones de todo Gobierno, representa para que el que yo presido un objetivo obsesionante y primario por las peculiares condiciones  del Perú. País el nuestro de escasa población en relación con su área territorial, la falta de hombres se deja sentir en él con mayor apremio cada día debido al  ritmo acelerado de progreso que va adquiriendo y a la creciente demanda de inteligencias y de brazos para sus actividades profesionales e industriales. El fenómeno se agudiza si se tiene en cuenta que la deficiente  población de que dispone vive bajo la amenaza de inquietantes flagelos, debido a la influencia de climas rigurosos, al bajo nivel de la higiene, a la mala nutrición, a las rudimentarias condiciones de la vivienda, al bajo standard de vida y a la limitada difusión de la cultura.

Campaña sanitaria

Natural es, pues, que mi Gobierno se haya esmerado en dar prioridad entre sus obras sociales a la campaña sanitaria, para preservar a nuestro pueblo de los peligros que pesan sobre su salud, para robustecer su vigor físico y para defender sus gentes de una muerte prematura y, por tanto, evitable.

De primera intención y dentro de los  estrechos límites del Presupuesto, ha fomentado la instalación de servicios de agua potable y desagüe en diferentes poblaciones. Cree, sin embargo, que como no sea a base de una financiación extraordinaria, la generalización de esta tarea supera las posibilidades del Estado; por lo cual propicia la dación de una ley de servicios públicos que interese al capital privado en empresas dedicadas a la instalación de obras sanitarias en toda la República.

Vivienda

        Son conocidas las deplorables condiciones de la vivienda en el país. Y no extraña que en los lejanos poblados  de la sierra se exhiban esas características de increíble primitivismo, cuando en el misma Lima subsiste un régimen de habitación popular sin luz, sin aire, sin pavimento y sin los implementos higiénicos más indispensables.

La Corporación de la Vivienda está llamada a conjurar, siquiera, en parte, esta situación iniciando la construcción  de barrios modelos en las principales ciudades para dar albergue a familias de la clase obrera y de los empleados.

Sin embargo, la obra de la Corporación aspira a ser más bien un ejemplo que una panacea; el problema es tan vasto que excedería la capacidad de los recursos de cualquier organismo estatal. Es la iniciativa privada la que debe acudir en ayuda de la sociedad, proveyendo la edificación de barrios obreros, de casa para empleados que estén  en consonancia con los modernos requisitos mínimos de comodidad e higiene, bajo la inspección del Estado. Por su parte, el Gobierno se apresta a  proponer le elevación del capital de la Corporación; y el Ministerio de Fomento prepara varios tipos de casas baratas que permitan la construcción en serie en condiciones ventajosas.

Higiene Industrial

A propuesta del Poder Ejecutivo, se ha creado por Ley N° 10833 el Departamento de Higiene Industrial en el Ministerio de Salud Pública. Esta creación tiene por objeto, en la fase  inicial de sus actividades, proteger al obrero contra los riesgos provenientes de su trabajo. Posteriormente será posible extender a las colectividades obreras los beneficios de una labor sanitaria integral y organizada, especialmente en lo que concierne al aspecto de prevención. En la actualidad se llevan a cabo los estudios preliminares para la aplicación de la ley en las zonas mineras, donde es urgente aplicar métodos preventivos contra la neumoconiosis y otras enfermedades de carácter similar.

Asistencia hospitalaria

El desarrollo adecuado de las labores preventivas en todo el país, cuya realización constituye la base fundamental de un programa de sanidad, requiere como condición indispensable la existencia de facilidades asistenciales. Prevención sin asistencia es largamente inefectiva. Tomando en cuenta los resultados del catastro sanitario, que se realiza en la actualidad, el Ministerio de Salud Pública contempla la organización de pequeños puestos asistenciales y postas sanitarias en aquellas localidades donde sea más urgente su instalación. Pero el aspecto más importante del problema reside en la asistencia hospitalaria, que constituye uno de los servicios que mayor deficiencia acusan en la organización sanitaria de nuestro país.

Hasta hace pocos años, el sostenimiento de hospitales estaba casi exclusivamente librado a las Sociedades de Beneficencia, que aunque han colaborado abnegadamente en esta función del Estado, se ven ya incapacitadas por falta de medios económicos para afrontar las crecientes necesidades de la población enferma. En adelante tiene, pues, el Ejecutivo que asumir sobre sí la carga de las  nuevas creaciones de esta clase de establecimientos. El déficit de camas que arroja el cálculo de las necesidades hospitalarias de la República asciende a  varios miles; y, por consiguiente, la obra por realizar es inmensa y requerirá el esfuerzo de varios años. Como expresión actual de ese esfuerzo, el Ministerio del ramo se ocupa de impulsar los trabajos del Hospital de Puno y de terminar el de Mollendo. En el plan de acción del Gobierno está contemplada la dedicación de una apreciable suma a la red de construcciones hospitalarias. Las obras se ejecutarán de acuerdo con estudios ya realizados, que toman en cuenta factores de densidad de población, condiciones higiénicas, epidemiológicas, etc.

Actualmente se lleva a cabo una reorganización completa en las funciones que cumple la Dirección de Asistencia Social y Hospitalaria. Uno de los más importantes aspectos de la reforma se  refiere al mejor control técnico y económico de las Sociedades de Beneficencia en lo que concierne a los hospitales que corren a su cargo.

Otros servicios

Las actividades correspondientes al Servicio Materno Infantil se han ampliado considerablemente, y la protección del niño se ha intensificado mediante la creación de numerosos refectorios escolares en provincias.

En cuanto a la campaña contra la  malaria, se han efectuado campañas de saneamiento mediante el empleo en gran escala del insecticida D.D.T., en la ciudad de Chimbote y en los valles de  Mala, Cañete, Camaná, Sama y Locumba. El éxito obtenido en esta labor permite confiar en resultados de carácter definitivo en un futuro cercano. Cabe hacer resaltar la cooperación que ha prestado el capital privado en esta obra, estableciendo así una vinculación provechosa y necesaria con el Estado.

La lucha contra la tuberculosis demanda una atención decidida y tesonera por parte de las autoridades sanitarias.  Se ha continuado la construcción del Hospital Sanatorio N°1 de Bravo Chico, en las inmediaciones de Lima. La conclusión de este nosocomio y la iniciación de otros similares en algunos lugares de la República constituirán una contribución valiosa para combatir el flagelo. En la actualidad se está estudiando una mejor ayuda social y económica a las familias de los enfermos tuberculosos, labor que tiene una gran importancia en el control efectivo de esta endemia.

Preparación del personal sanitario

En el plan que se propone desarrollar  el Ministerio de Salud Pública ocupa preferente lugar la formación del personal médico y auxiliar sanitario. Se considera que este es un problema  básico cuya solución tiene prioridad absoluta. Es inútil pensar en la ampliación e intensificación de la labor sanitaria mientras no cuente con personal en número suficiente y con conocimientos higiénicos adecuados. El plan del Ministerio incluye  la ayuda a la enseñanza médica mediante la organización de centros hospitalarios, can facilidades docentes, en Arequipa y Trujillo, para  resolver, en parte, el problema relacionado con la escasez de profesionales médicos; adiestramiento paulatino del personal actualmente al servicio del Ministerio utilizando, de preferencia, las facilidades del Instituto Nacional de Higiene, el Centro de Medicina Preventiva del Rímac, en Lima y la Unidad  Sanitaria Departamental de Ica, organizaciones, estas últimas, modeladas de acuerdo con conceptos modernos de sanidad; el mejoramiento de la enseñanza de enfermería; y, finalmente, la incorporación progresiva del personal médico especializado en sanidad, mediante cursos de perfeccionamiento  en el extranjero y que presten sus servicios, a su regreso, sobre la base de dedicación y a tiempo completo en las dependencias centrales y departamentales.  Este último plan se desarrollará con la colaboración de fundaciones extranjeras. De su ejecución se ocupa el

Departamento de Selección y Entrenamiento, el cual, durante el año vencido ha organizado varios ciclos de enseñanza y capacitación.

Coca

El  Gobierno tiene ya iniciado el estudio de la industrialización de la coca y sus derivados por cuenta del Estado, lo cual no sólo permitirá un mejor control en su distribución y consumo, de acuerdo  con las convenciones internacionales vigentes, sino que asegurará al erario una apreciable renta, parte de la cual se propone emplear en el impulso de obras sanitarias. Una comisión designada al efecto prepara el proyecto de ley respectivo.

Prisiones

Muchas son las obras de Asistencia Social de otra índole que el Estado tiene por emprender. Quiero referirme de  manera especial al indispensable mejoramiento de la condición de nuestros presos. Funcionan las prisiones existentes en el país en locales deficientísimos, la mayor parte de los cuales resiste a toda descripción. Es urgente que los Poderes Públicos aborden a la brevedad este problema, que constituye el tema principal de cualquier reforma carcelaria. En lo que respecta a Lima, el Ministerio de Justicia estudia en la actualidad un plan de construcciones modelo, inspiradas en los más modernos sistemas, cuya financiación se haría  a base de la venta del viejo local del Panóptico, inadecuado ya por su ubicación y otros defectos para llenar el fin al cual fue destinado. Dentro de ese plan se contempla la implantación de amplios talleres y la habilitación de granjas que fomenten los hábitos de trabajo en los reclusos y les permita constituir un fondo de prevención para el momento en que se reincorporen a la vida social.

POLÍTICA EDUCACIONAL

Si el problema de la Educación  Pública resulta difícil de abarcar bajo sus múltiples aspectos en casi todos los países, ofrece en el Perú dificultades aún más acentuadas por nuestras peculiares condiciones territoriales, raciales y económicas. No es, pues, extraño que el Gobierno se vea precisado a encarar sólo gradualmente fases parciales de este problema, adelantando en cada año algunos pasos hacia el desideratum de una resolución integral.

Apenas hay asunto que atraiga más la preocupación del Ejecutivo que el de la educación indígena, no precisamente por el hecho de que sean tan elevados los índices de analfabetismo en la raza nativa, sino porque en ella el progreso educativo incluye un mayor número de aspectos: instrucción, vivienda, creación de hábitos de higiene, cultura cívica y  patriótica, orientación de líneas de trabajo, extirpación de vicios arraigados, afirmación  de la personalidad, estímulo de la producción y del consumo, eliminación de prejuicios conducentes al estacionadismo, participación en las actividades de la vida nacional, adaptación, en una palabra, al ritmo actual de la civilización.

Para afrontar tan inmensa tarea es menester un proceso dilatado y metódico y no es bastante la acción de un sólo Ministerio, sino la obra coordinada de varios de ellos: Educación, Salud Pública, Agricultura, Fomento, Guerra y Trabajo. Ensamblados los esfuerzos de todos estos organismos en un plan de conjunto, puede, sin duda, lograrse en el tiempo trascendentales resultados.

Entre tanto, durante el curso de este  año, el Ministerio de Educación se ha esforzado por abordar resueltamente otros aspectos concretos de la educación nacional. Ha asentado sobre nuevas bases pedagógicas y técnicas la Educación Secundaria, ha tratado de mejorar las condiciones materiales de las escuelas primarias, se ha empeñado en impedir que la lucha política invada el campo educacional y, en fin, ha fundamentado en sus diversas formas el desarrollo y la difusión de la cultura.

Reorganización de la enseñanza Secundaria

El primer punto –la reorganización pedagógica de la Educación Secundaria– era una necesidad que se hacía sentir desde tiempo atrás. Los exámenes de admisión a las universidades acusaban en su conjunto considerables deficiencias en la preparación de los candidatos a la enseñanza superior, y los profesores universitarios podían comprobar luego en sus alumnos la carencia de los conocimientos y de la formación espiritual que hubieran podido adquirir en una sólida y bien orientada Educación Secundaria. Nuestra segunda enseñanza, como ocurre también en  otros países, no sólo adolecía del inconveniente del excesivo número de materias, que ahora parece inevitable en vista del desarrollo de la ciencia y  de la complejidad y riqueza de la vida moderna, sino también de un excesivo recargo en los programas, en forma tal que parecía como si el desideratum de la Educación Secundaria fuera impartir a los adolescentes, en el breve lapso de cinco años, un saber realmente enciclopédico. Por otra parte, eminentes autoridades en el ramo de Educación señalaban la falta de una inspiración humanística en nuestra Educación Secundaria, cuyos programas eran predominantemente científicos.

Esta defectuosa organización de una etapa  tan capital en la formación de la juventud, como es la Educación Secundaria, ha inducido al Gobierno a establecer un nuevo Plan de Estudios en el cual se disminuye el número de horas de clase para casi todos los cursos, obligando así a dictar éstos en forma no ciertamente superficial, pero sí sobria; evitando el exceso de amplitud y de detalle que estaría justificado en  un curso universitario, pero no en la enseñanza media. Esta disminución de horas de clase ha permitido, con mayor ventaja, señalar un número adecuado de horas para que los alumnos estudien bajo la discreta orientación de sus maestros –estudio dirigido-; con lo cual se logra evitar que tengan que realizar en  su casa, terminadas las labores del colegio, un trabajo agotador y de todo punto inconveniente.

En el Decreto Supremo que establece el nuevo Plan de Estudios, se  prohibe al personal directivo y docente de los colegios señalar a los alumnos trabajo para ser realizado fuera del plantel, ni como medio de obtener un mayor rendimiento en el estudio ni como medida de sanción por faltas de  aprovechamiento, de puntualidad o de conducta (una Resolución Suprema establece análoga prohibición para las escuelas primarias).

Además, el nuevo Plan de Estudios señala un cierto número de horas de clase que quedan de libre disposición del colegio –plan del colegio- y que cada plantel puede dedicar, según sus propios recursos materiales y espirituales, según la región del país, según las  preferencias dominantes en el medio humano del cual procede su alumnado,  sea a intensificar la enseñanza de algunos cursos ya considerados en el Plan –matemática, historia, etc.- sea a dictar cursos no impuestos como obligatorios en el Plan oficial, tales como lenguas muertas, comercio, artes, etc.

Con el establecimiento del plan del  colegio se logrará que los planteles aprovechen al máximo sus recursos: el colegio que se encuentra en la posibilidad de organizar un curso de latín o de griego podrá hacerlo con toda eficacia, sin que por ello estén obligados otros planteles, que no cuenten con el personal o los elementos para ello, a organizar estudios semejantes.

El estudio dirigido realizado en el colegio es una conquista que figura ya en los planes de estudio de algunos países: España, Colombia, etc. En cambio, el plan del colegio, que concilia la homogeneidad educacional del país con la libertad de cada plantel, parece ser una novedad absoluta.

Para los estudios que se realizan en los colegios vespertinos y nocturnos se han dictado también planes adecuados  y que se inspiran en los mismos principios, en cuanto ello es posible.

Como complemento de la formulación de este plan, se han constituido comisiones altamente calificadas que han redactado los programas analíticos, cuyo desarrollo debe hacerse con la sobriedad impuesta por el limitado número de horas de clase que fija aquel. Estos programas, que junto con el Plan han sido publicados en un folleto ampliamente difundido, permitirán a los profesores saber exactamente qué es lo que deben enseñar.

He tratado este punto en forma tan extensa porque conceptúo que los nuevos planes y programas de Educación Secundaria constituyen una reforma verdaderamente trascendental.

Educación Primaria

Nuestra Educación Primaria, por el contrario, se halla informada por planes y programas excelentes.  Sin embargo, por desgracia sólo un número relativamente pequeño de maestros, principalmente los egresados de Escuelas Normales, han llegado a comprenderlos  y aplicarlos debidamente. Con el objeto de remediar la deficiente  preparación pedagógica de muchos de nuestros maestros, que no han tenido la suerte de formarse en establecimientos especiales, se ha emprendido en el Ministerio la redacción de un libro –El manual del maestro peruano- que, impreso en un adecuado número de ejemplares, será regalado a  todos los maestros y maestras del Perú. Esperamos que todos ellos, convirtiéndose así un poco en autodidactas de la pedagogía, puedan acercarse algo más al ideal, esa figura egregia que es el buen maestro de escuela.

Locales, mobiliario y útiles

Por otra parte, nuestras escuelas adolecen de grandes deficiencias materiales: locales escolares insuficientes e inadecuados, falta de mobiliario, pobreza de útiles de enseñanza.

El problema de los locales exige para ser resuelto un enorme esfuerzo económico, y justo es reconocer que los pueblos y comunidades cooperan con el Estado edificando escuelas, de las  que por desgracia sólo levantan las paredes, esperando que el Gobierno costee el techo, el piso, las puertas y ventanas, que representan con mucho la parte más valiosa del edificio. Muchas veces estos locales, construidos con la mejor voluntad pero con falta de competencia, resultan inadecuados; por lo  cual en el Ministerio se están preparando planos de escuelas típicas, estudiados en sus menores detalles, y que reproducidos también en gran número  de copias serán facilitados a las poblaciones, haciendas, campamentos, etc., donde se proyecte levantar una escuela.

Mientras se aborda un plan de financiación de la obra, realmente enorme, de construcciones escolares en la República, el Ministerio del ramo se ocupa de invertir los exiguos fondos que a este fin dedica el Presupuesto vigente, en la edificación de aquellos locales cuya necesidad es más probadamente urgente.

El problema del mobiliario ha sido objeto de un estudio muy profundo, tanto desde el punto de vista de la solidez  y comodidad, como desde el punto de vista económico, pues cuando se necesitan muebles para un millón de escolares, el valor unitario de ellos es evidentemente un elemento que no se puede desdeñar. Después de muchas tentativas, el Ministerio cree haber arribado por fin a un tipo de banca-carpeta bipersonal que concilie todas las ventajas.

En breve se promoverá una licitación entre las fábricas de muebles de toda la República para fabricar los primeros miles de carpetas de este tipo, de modo que en cada región del país se fabriquen en lo posible las carpetas para sus respectivas escuelas.

De idéntica manera, se está atendiendo en lo posible a la provisión de útiles de enseñanza: mapas, cuadros murales,  globos geográficos, cuadernos, tizas, lápices, lapiceros, plumas, pero que  en este renglón se tropieza, debido al enorme número de artículos que hay que adquirir, generalmente por docenas de miles o por millones, con el doble escollo de las limitaciones presupuestales y de las difíciles condiciones porque atraviesa la industria mundial.

La escuela y la política

El Gobierno, sin violentar lo más mínimo la conciencia de los maestros, y deseando que ellos tengan un noble espíritu cívico y que sean ciudadanos en la plena acepción de la palabra –sin lo cual no podrían modelar las almas de los hombres del mañana- está resuelto sin embargo a impedir por todos los medios que las leyes ponen en sus manos, que algunos de ellos, por la exaltación de sus propias convicciones, tiendan a inculcárselas a sus discípulos ejerciendo sobre ellos una acción proselitista que les resulta facilitada por la influencia natural del maestro sobre  el discípulo y por la maleabilidad y plasticidad de las almas juveniles. La  política partidarista en la escuela es fuente de anarquía y de discordia, enfrenta unos maestros a otros, actúa en el alma vehemente de los jóvenes llegando a producir en ellos una exaltación que puede llegar al fanatismo y, en fin, crea en los planteles  un clima espiritual absolutamente opuesto a la fecunda  y uniforme serenidad del verdadero trabajo intelectual. Creo que este  es un punto esencial y sostengo con indeclinable firmeza el principio de mantener a la escuela alejada de la política y a la política alejada de la escuela.

Difusión de la cultura

Desde el punto de vista del fomento de  la difusión de la cultura, se está prestando la máxima atención al Teatro Nacional, se ha ampliado el Consejo Nacional del Teatro y se han precisado sus funciones; se ha creado una Comisión de Documentos Históricos encargada de asegurar la conservación y la debida protección de los documentos que constituyen la gran riqueza histórica y, en gran parte, la riqueza cultural del país; y, en general, se está tratando de fomentar en todas sus formas la penetración de la cultura en todas las capas y sectores de la sociedad.

Educación Técnica

Del programa educacional del Gobierno de don José Pardo, dos orientaciones tenían la mayor importancia, pues  encaraban aspectos fundamentales de la vida del escolar: la multiplicación de las escuelas de Educación Primaria y la creación de las de Artes y Oficios. La  escuela primaria fiscal, debidamente conducida y llevada a los más lejanos villorrios del territorio nacional, estaba destinada a conseguir que el hijo del pueblo poseyera los conocimientos indispensables para orientarse en la  convivencia social y para ejercer su función de ciudadano. La Escuela de  Artes y Oficios tendía a preparar técnicamente al ciudadano, para que se  constituyera en elemento motor del engranaje de la producción industrial que, tarde o temprano, tendría que llegar al Perú, país poseedor de materias primas y hasta entonces incapaz de realizar la transformación  manufacturada de las mismas.

Más este propósito, de fomentar mediante planteles especiales la tecnificación del joven, no fue suficientemente comprendido. Se otorgaba entonces mayor preferencia a la Educación Secundaria como antesala de la universidad, cuyos estudios gozaban de un prestigio absorbente y fascinante. Así se explica que la enseñanza industrial, agrícola y comercial, iniciada en 1905, fuera descuidada.

La última Ley Orgánica de Educación reaccionó favorablemente al consignar artículos apropiados que organizaban ya  en forma más específica la llamada Educación Técnica. Sin embargo, el resabio del anterior sistema tuvo más influencia que la legislación y al hacerme cargo del Gobierno existían en la República todavía pocos alumnos. Las escuelas de artes y oficios en algunos casos habían adquirido desviadas características de reformatorios y los maestros especializados no habían  tenido oportunidad de superarse profesionalmente y ocupaban un rango subalterno.

Por eso la Resolución Suprema de 1 de agosto de 1945 declaró la Educación Técnica en estado de reorganización;  y, al promulgarse la ley que hace extensivo a la instrucción secundaria el beneficio de la gratuidad, aprovechó el actual régimen para ensanchar el campo de la enseñanza tecnificada, tratando de desviar hacia ella a muchos de los alumnos que veían en los estudios de media la perspectiva de un doctorado.

En mi mensaje del año pasado expuse  los primeros avances de la nueva organización. En el curso del segundo año vencido, el Gobierno ha logrado satisfactorias realizaciones, cuyo detalle aparece en otro lugar de este mensaje.

Quiero aquí solamente llamar la atención sobre ciertos aspectos fundamentales de la obra en marcha. La ubicación de escuelas técnicas no está ya presidida por un criterio localista o de influencia política, más o menos coincidente con la importancia de las ciudades, sino inspirada en las perspectivas de desarrollo económico del país o en las aptitudes regionales para determinada actividad industrial. Como las enseñanzas del  primer periodo vocacional pueden darse solamente con herramientas de mano, se ha cuidado de dotar a varios planteles de martillos, limas,  picos, azadones, tornillos de banco, pulverizadores, desarmadores, machetes, rastrillos, sierras y otros elementos para el aprendizaje práctico, que son en esta clase de escuelas tan esenciales como el libro en las escuelas fiscales comunes. Por fortuna, en el Presupuesto de este año se ha considerado la suma de tres millones de soles para la adquisición de talleres completos en los Estados Unidos, cuyo precio de venta está muchas veces por debajo del costo real y cuyos implementos serán distribuidos en toda la República y, de paso que servirán para la instrucción de los jóvenes alumnos, mejorarán de inmediato las condiciones de la agricultura y de la industria nacionales. Finalmente, el Ministerio del ramo en coordinación con el de Hacienda, estudia el proyecto de adscribir a la enseñanza técnica rural algunos fundos rústicos de propiedad del Estado que hoy están en su mayor parte mal arrendados y deficientemente explotados, para convertirlos en centros de práctica agrícola y experimentación económica por el alumnado, con el designio de que la producción de  esos fundos sufrague los gastos de sostenimiento del plantel y rinda aún un  excedente de utilidad para el fisco.

Podrá también, con la ejecución de este plan, extenderse el beneficio de la difusión de las enseñanzas agrícolas a todo el campesinado de las respectivas regiones.

Para lograr su culminación, en cuatro o cinco años más, se requiere aún un esfuerzo considerable. Hacen falta elementos humanos y materiales. Se cuenta  sólo con unos 600 profesores de Educación Técnica para atender centenas de miles de niños; y el país carece aun del número suficiente de técnicos titulados para dirigir ciertos planteles para la enseñanza de determinadas especialidades, lo cual hace indispensable contratar profesionales extranjeros.

Y, en lo que se refiere a recursos, no son pocos los que demandan las instalaciones por montar y las adquisiciones de implementos mecánicos. Es preciso, además, coordinar las actividades de varias ramas del Ejecutivo en materia de Educación Técnica. Hay ocho ministerios que sostienen planteles de esta clase, y precisa ligarlos en tal forma que el Estado ejecute un menor esfuerzo y se evite la duplicidad de gastos.

Mediante todas estas medidas confío  en que, a corto plazo, podrá contar el país con una juventud técnicamente preparada para la vida industrial y dispuesta así a hacer su parte en el robustecimiento de la producción nacional.

POLÍTICA DE DEFENSA

Las enseñanzas de la guerra moderna han transformado el concepto de la defensa nacional.

En tiempo de paz todo ciudadano es un soldado en potencia; y la mujer tiene también su rol en la tarea de preparación de los servicios auxiliares. La economía del país se moviliza en función de las necesidades militares.

De ahí que el campo de influencia de la Fuerza Armada, encargada de prever desde la paz la dolorosa contingencia de una guerra, se haya ampliado considerablemente en la actualidad  y exija en sus elementos una mayor eficiencia técnica y un contacto más pronunciado de la vida civil.

El criterio tradicionalmente pacifista de nuestro país no puede ni debe estar en pugna con el cuidado de la defensa nacional. Por eso es deber del Gobierno aspirar a mantener a los Institutos  Armados en un alto pie de eficiencia profesional y material, y a vincularlos cada vez más con las actividades civiles de la producción, contribuyendo a incrementarla.

Una defensa nacional eficiente depende  de dos factores fundamentales: la cultura cívica de los ciudadanos inspirada en un ferviente amor a la patria y el progreso económico del país. Las Fuerzas Armadas vienen a ser la resultante de esos dos factores; pues los cuadros de oficiales y los efectivos de tropa, así como las ingentes sumas que su dotación de medios materiales exige, provienen de los recursos humanos y económicos de la nación.

Por eso, la preservación del capital humano y del capital económico de un pueblo constituye el primer objetivo de todo plan de defensa. Y comprometen por igual ese plan las doctrinas antinacionalistas y las ideas disolventes que al conspirar contra el trabajo o contra  el orden y armonía sociales, entraban el desarrollo económico e industrial. El país debe ponerse en guardia y combatir inflexiblemente tan peligrosas tendencias.

Alojamiento

De acuerdo con estas premisas, el Gobierno se preocupa en primer término por mejorar las condiciones personales de vida del soldado, símbolo de la defensa nacional. Considerables son nuestras necesidades de este género, principalmente en lo que se refiere al alojamiento de oficiales y tropas en las guarniciones alejadas de la capital. En un plan de financiación general de obras públicas que presenta el Gobierno, está considerada como urgente la ejecución de aquellas que permitan remediar progresivamente esta difícil situación. Cabe dejar constancia, en honor a los Institutos Armados, del espíritu de abnegación y de trabajo con que, a pesar de la falta de comodidades materiales, los jefes, oficiales y tropas se entregan por entero al cumplimiento de su misión, como he podido comprobarlo en las visitas que he  efectuado a la Tercera, Cuarta y Quinta Regiones Militares.

Por necesidades del servicio, los  oficiales cambian periódicamente de guarnición, lo cual les impone gastos suplementarios de establecimiento, aparte de serias dificultades para la educación de sus hijos. La indemnización que se les acuerda por este concepto no alcanza a cubrir tales desembolsos; y por eso el Gobierno viene estudiando la forma de financiar la construcción de casas para alquilarlas a los jefes y oficiales, bajo condiciones módicas, en las diferentes regiones.

Granjas militares

Dentro del mismo programa de atención de las necesidades del personal militar y para fomentar, además, la colaboración del Ejército con la población civil en la solución de los problemas económicos actuales, se ha autorizado por Resolución Suprema al Ministerio de  Guerra para implantar huertos en las grandes unidades y unidades autónomas, a fin de mejorar la alimentación de las tropas, dar al soldado una preparación práctica en el cultivo de las tierras y aliviar los mercados locales mediante la disminución de la demanda de artículos alimenticios.

Batallones de trabajadores

A fines del próximo mes de agosto  quedará constituida una compañía de trabajadores, cuyo personal será  utilizado, de primera urgencia y en coordinación con el Ministerio de Fomento, en el mejoramiento de la carretera Huánuco – Pucallpa, a fin de aprovechar los meses de sequía en el trabajo y evitar la interrupción de esa importante vía en el periodo de lluvias. En 1948 el Ejército dedicará dos batallones de trabajadores a las obras viales en las zonas que no dispongan de mano de obra suficiente, siempre de acuerdo con el Ministerio de Fomento.

Transportes Aéreos Militares

Por su parte, y también con el propósito de extender la acción benéfica de los Institutos Armados a todos los sectores del territorio nacional, el Ministerio de Aeronáutica ha organizado el Servicio de Transportes Aéreos Militares, cuyos modernos aparatos de transportes, adquiridos en número de 18 de los Estados Unidos, hacen el tráfico para pasajeros y carga entre Lima y varios departamentos del oriente, norte, centro y sur, con lo cual han quedado beneficiadas las poblaciones de Iquitos, Yurimaguas, Tingo María, Pucallpa, Cuzco y Puerto Maldonado. Además, desde agosto del año próximo pasado, la casi totalidad del movimiento del personal del Ministerio de Aeronáutica entre el Perú y Estados Unidos se ha realizado en aviones de esta unidad, con lo cual se ha obtenido una apreciable economía de divisas.

Servicios y adquisiciones de la Armada

Finalmente, la Armada dedica  frecuentemente algunos de sus buques auxiliares al transporte de artículos alimenticios entre los puertos de producción y de consumo de nuestra costa, a fin de atenuar el problema de la distribución de abastecimientos a la población consumidora.

En el aspecto estrictamente técnico, la Marina de Guerra se ha incrementado con la adquisición de dos fragatas de 1,445 toneladas y una de 1,430 toneladas, próxima a llegar esta última y ya en servicio las restantes; todas las cuales, más que unidades de combate, son barcos destinados a llenar la finalidad de dar entrenamiento y práctica de navegación al personal de oficiales y de marinería. Se ha adquirido también  un petrolero, el Ramón Castilla, 2 buques minadores, 2 remolcadores y  algunas barcazas, que constituirán utilísimos auxiliares de la Armada.

Legislación militar

Por lo que hace al perfeccionamiento técnico del Ejército, se ha formulado el plan conforme al cual se revisará y completará, en forma coordinada y armónica, el conjunto de leyes que rigen su constitución y funcionamiento; tales como: la Ley Orgánica, la de ascensos, la de situación militar, la de cuadros, la de pensiones, etc. Los proyectos correspondientes serán sometidos a la aprobación de las Cámaras Legislativas en el próximo mes de agosto.

Asimismo, por los ministerios de Defensa Nacional se estudia la constitución de un organismo coordinador de las Fuerzas Armadas, el mismo que establecerá las bases de su preparación en tiempo de paz y su empleo coordinado en caso de conflicto.

POLÍTICA INTERNACIONAL

En el orden internacional se han reafirmado las líneas y directivas que inspiran la acción del Gobierno y que son las de buscar y mantener la mejor armonía y cooperación con los demás países en los campos político, comercial y cultural, dentro de las normas de mutuo respeto a los tratados vigentes y a la igualdad jurídica de los Estados.

El Gobierno ha continuado prestando, asimismo, su más decidido concurso al sistema interamericano y a la asociación mundial de naciones, persuadido de que ambas organizaciones, complementarias y en modo alguno excluyentes, son las llamadas a estructurar el bienestar y seguridad de este hemisferio y del mundo en general.

Ante el espectáculo que ofrece el panorama mundial, desarticulado aún por los efectos de la última guerra e inquietado por amenazas de nuevas discordias, debemos esforzarnos porque se dispongan y prevalezcan en la conducta de las naciones aquellos principios universales y salvadores de amistad y fraternidad difundidos por la doctrina de Cristo, a efecto de que los instrumentos jurídicos existentes y los que se elaboren en las  próximas reuniones internacionales sirvan a su verdadero fin, que es el de asegurar el predominio de la paz y de la solidaridad entre los hombres.

Con tal espíritu el Perú, fiel a su tradición pacifista y de derecho, se apresta a concurrir a las próximas conferencias de Río de Janeiro y de Bogotá, en las que habrá de completarse y perfeccionarse el sistema interamericano, y participar destacada y decididamente en todas las actividades y organismos de las Naciones Unidas en los que le ha tocado intervenir.

Señores Representantes:

Os expreso mis votos porque en la Legislatura que hoy se instala, Dios ilumine vuestras conciencias y dirija vuestros pasos en la función que la patria os ha confiado.